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Opinión

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    Jesús Pérez González-Rubio     | 2019/11/19 15:23

    Reforma tributaria, no; más inversión social, sí

    No son pocas las personas que creen que la reforma tributaria que discute el Congreso en estos días está destinada a conseguir mayores recursos para el Estado con el objeto de hacerle frente, por ejemplo, al déficit fiscal o al que en materia de política social tiene el país.

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De otro lado, una distinguida periodista se preguntaba recientemente: ¿Quién no va a estar de acuerdo con que la educación sea gratuita en todos los niveles incluido el universitario y, además, que sea de buena calidad; que haya atención en salud oportuna para todos; más vivienda digna; que no haya niños desnutridos; que desaparezca la mortalidad infantil por enfermedades curables; que el Estado adquiera tierras para repartir entre los campesinos que la necesitan; que mejore la seguridad para que pueda el Estado efectivamente proteger la vida de todos, incluidos los líderes sociales, los excombatientes de las Farc, los indígenas que están siendo objeto de exterminio? ¿Quién no va a querer que haya mayor inversión en infraestructura, en vías de primera, segunda y tercera generación, a objeto de recuperar el atraso enorme que en esta materia tiene un país tan segmentado como éste?  

Pues yo sé quién no quiere eso: El gobierno, en este campo liderado por el señor Ministro de Hacienda, que ha presentado una reforma tributaria que tiene vergüenza de ella misma y que por eso acude al eufemismo de llamarse Ley de Crecimiento Económico, de la misma manera que ciertos asesinatos de estado los llaman “falsos positivos”. 

Se trata de una reforma para regalarle a quienes no lo necesitan 20 billones de pesos cada año.  El destacado tributarista, doctor Santiago Pardo, había calculado la donación en 16. Pero el exministro Mauricio Cárdenas nos dice: “El actual proyecto de reforma tributaria propone reducir la carga tributaria empresarial en otros 20 billones de pesos al año”. Resaltemos su dicho: “otros 20 billones de pesos al año”. Y es que como él lo afirma: “A lo largo de esta década se eliminó la sobretasa de 20% que pagaba la industria por el consumo de electricidad, se redujeron en 13,5% los impuestos sobre la nómina (parafiscales que ya no pagan el 8,5% de la nómina en salud, 3% al ICBF y 2% al Sena) y se abolió el impuesto al patrimonio de las empresas. Si esto no se hubiera hecho, el sector empresarial estaría pagando 20 billones de pesos más por año en impuestos y contribuciones”. (El Tiempo, sábado 16 de noviembre 2.019, p.1.29).  

La tasa de crecimiento promedio del PIB en esos 10 años fue, según el Banco Mundial, un pobre 3,5%, cuando el promedio del PIB entre 1.999 y 2.008 fue de 4,1% a pesar de los parafiscales y de la sobretasa al consumo de electricidad. Es que el crecimiento de la economía depende fundamentalmente de la demanda nacional e internacional, es decir, de la competitividad de sus bienes y servicios, con base no tanto en la rebaja de impuestos por razón de la globalización, como en la productividad. 

Las sociedades tienen una tarifa general hoy sobre el año gravable 2.019 del 32%. La tarifa para el año gravable 2.017 fue del 34%. Y son innumerables las empresas que sólo pagan el 20%. Por ejemplo, las que se encuentran en Zona Franca.  

¿Qué necesidad hay de bajarle aún más los impuestos a los bancos, que arrojan unas utilidades extraordinarias trimestre tras trimestre, semestre tras semestre, año tras año? ¿O a empresas como Ecopetrol que en el 2.018 tuvo utilidades por 11,55 billones de pesos; o a Cenit que tuvo 3,7; o a Parex Resources Colombia que tuvo 2,6; o a Bavaria que tuvo 2,5; o al Grupo EPM que tuvo 2,4? (Revista Semana, Edición No.1934, p.200)  Y así podría citar muchísimas más como Ocensa, Grupo Energía Bogotá, Grupo ENEL, Grupo ISA, Grupo Argos, Claro Móvil, Carbones del Cerrejón, Grupo Nutresa, Isagen, etc. 

Y para compensar en mínima parte esos regalos a los más poderosos y felices, le colocan a las personas naturales un impuesto confiscatorio sobre el patrimonio, que en el horizonte de tiempo de veinte años implicaría una rebaja del patrimonio de todas esas personas en un 20%. Un impuesto totalmente injusto porque no permite que sus destinatarios tengan ninguna posibilidad de ahorro y porque esas utilidades ya pagaron todos los impuestos habidos y por haber al Estado como el de renta, el Iva, el 4x1.000, el impuesto predial, las contribuciones, etc. 

Si Warren Buffett fuera colombiano, seguramente estaría en desacuerdo con que le bajaran los tributos porque no querría él pagar, por concepto de impuestos, menos que su secretaria.  Pero no, los gremios están apoyando esta reforma. Ellos son así. Me hacen recordar el siguiente comentario de Malcolm Deas sobre el presidente Virgilio Barco: “Su relación con los gremios económicos fue distante: Siendo presidente me dijo alguna vez: ´Esa gente no hace sino pedirme cositas´” (Barco, Taurus, 2.019, p.162 y 163) En esta oportunidad, 20 billones de pesos cada año. 

Constituyente 91*

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