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Opinión

  • | 2018/12/12 00:13

    Regalos con los dineros del estado

    Yamid Amat denunció el lunes por la noche la existencia de un proyecto de ley respecto del cual el Gobierno solicitó trámite de urgencia, que reduce en 128.000 millones de pesos lo que los propietarios de los canales privados de televisión deben pagarle al Estado en razón de la concesión que éste les ha hecho al ser el titular del espectro electromagnético.

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Dijo Yamid Amat: “El proyecto le elimina a los canales privados 128.000 millones de pesos que tienen que pagar por los próximos diez años y además les extiende a los privados la licencia a veinte años más. En estos beneficios no está incluida la televisión pública. El Canal Uno fue excluido.” Yamid ya consiguió que el Canal Uno también fuera incluido en las donaciones, lo que aumenta el deterioro de las financias públicas.

¿Quiénes son los dueños de los llamados “canales privados de televisión”?  Pues algunos grupos económicos que lideran las personas más ricas de Colombia. Todo el mundo sabe quién es el dueño de RCN, de Caracol, de City TV, etc. “No hay plata” para la educación superior, para la universidad pública, pero sí para este tipo de regalos a quienes no los necesitan. Es lo mismo que pasa con los subsidios. Cuando todos estos son para los más pudientes no merecen la menor de las críticas. Incluso, se dice que es “hacer Patria”. Cuando a los más pobres se les asignaban viviendas gratis en el gobierno pasado, y cuando los alcaldes rebajan las tarifas de los servicios públicos para los más necesitados, estamos, en concepto de los “clubmen”, ante la figura denominada detrimento patrimonial del Estado. ¡Qué contraste!

¿Será ésta la manera de asegurar, en opinión del Gobierno, “la vigencia de un orden justo”, que reclama la Constitución como fin esencial del Estado en su a.2°? ¿Y la cacareada “equidad” que supuestamente es un objetivo central del Gobierno, dónde queda? ¿Es sólo un elemento que adorna los discursos, simple publicidad que no tiene traducción en la práctica? ¿Decir una cosa y hacer la contraria, es admisible?  Aristóteles definía la equidad como la justicia del caso concreto. ¿Habrá justicia en que mientras no hay dinero para las universidades públicas algunos de cuyos edificios amenazan ruina, el Gobierno regale 128.000 millones de pesos?

Y no hablemos de la inequitativa reforma tributaria. El impuesto sobre el patrimonio es un atentado al crecimiento económico del país.      

Como es apenas de sentido común, las personas invierten el ahorro que les queda. Que les queda después de pagar el Iva, el impuesto sobre la Renta, el 4 por mil, el predial, la contribución de valorización, el Ica, etc. y de satisfacer sus necesidades de diversa índole como alimentación, vestuario, vivienda, educación. Ese ahorro acumulado es la fuente de la inversión. Y ésta con sus respectivos rendimientos constituye el patrimonio de las personas.

El titular de esa renta capitalizada ya pagó todo tipo de impuestos en el pasado. Pero nuestro Ministro de Hacienda quiere que esas mismas personas vuelvan a pagar sobre los mismos ingresos ahora convertidos en patrimonio, bajo la forma de un impuesto a éste. Castigar la riqueza es propio de los regímenes socialistas enemigos de la propiedad privada. La experiencia histórica ha mostrado que los países económicamente más desarrollados deben su prosperidad a la empresa privada, a la riqueza de las personas que se convierte en inversión, esa que quiere cercenar nuestro ministro alcabalero.

Es verdad que el expresidente Uribe introdujo esta modalidad de “socialismo del Siglo XXI”, en su primera semana de gobierno, lo que resulta un precedente pernicioso. Como lo dice Roberto Junguito en su libro “Cien Episodios de la Historia Económica de Colombia”, “la estrategia fiscal de la nueva administración se inició en la primera semana de gobierno con el establecimiento de un impuesto temporal del 1.2% sobre el patrimonio neto de los colombianos”. ¿Con qué objetivo? “el fortalecimiento de las fuerzas armadas”. Se trataba de dar “una respuesta inmediata y contundente del nuevo gobierno frente a los actos terroristas ocurridos el día de la posesión del Presidente Uribe” (páginas 533 y 534)  

Siempre se dijo, como en el caso del 4 por mil, que sería un impuesto transitorio. La reforma de 2.016 lo eliminó pero nuestro experto Ministro quiere volver a colocarlo ahora de manera permanente con la anuencia de un Congreso complaciente. Los franceses, con sus “chalecos amarillos” a la cabeza, han logrado desmontar los impuestos sobre los combustibles que les impuso el gobierno Macron. Los colombianos somos evidentemente más pacientes.   

Según la Constitución “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”, y según su a.95 es un deber del ciudadano “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.

Por cuenta de no gravar los dividendos como se grava el resto de ingresos de capital y de trabajo, esta reforma resulta una agresión contra la clase media y una burla a los principios constitucionales. Hace parte del proceso de desinstitucionalización que vive el país y que no sabemos a dónde termine conduciéndonos.

_____________

Añadido 1: Murió el expresidente Belisario Betancur. Un “buscador” infatigable de la paz, la concordia y la reconciliación entre los colombianos sin desfallecimiento alguno y sin paréntesis de ninguna clase, al ser absolutamente consecuente con su propia obra de gobierno. Su instrumento para tratar de lograrla: el dialogo, no la metralla. Digámosle con Kipling:

“inmune a la fatiga// y fiel a la verdad, reacio a la mentira, // el odio de los otros te deja indiferente, // sin creerte por ello muy sabio o muy valiente…” //  Paz en su tumba.

Añadido 2: Feliz Navidad y Próspero Año 2019 para todos los colombianos.

Esta columna volverá a aparecer en enero.

Constituyente 91*

Diciembre 12 de 2.018

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