Sobre el fondo de infraestructura educativa

Según reportes de medios de comunicación, hacia finales de 2019 se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República, relacionado con el proyecto de construcción y mejoramiento de colegios públicos alrededor del país. El ente de control está estudiando estos hechos, así como la participación en los mismos de cerca de 70 personas, entre funcionarios y particulares, así como firmas constructoras, de interventoría y entidades bancarias. También fueron llamados los ex miembros de la llamada “Junta Administradora” del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), dentro de los que me incluyo.

La iniciativa de mejoramiento de la infraestructura educativa se creó con el Plan de Desarrollo 2014–2018, bajo el fundamental propósito (expresado en el Conpes 3831) de instaurar la Jornada Única escolar en Colombia. El objetivo es que los estudiantes no se dividan entre mañana y tarde (lo que se conoce como doble jornada) sino que asistan al colegio durante gran parte del día. Esto garantiza una mayor exposición a un ambiente formativo, que incluya actividades culturales y deportivas, así como la supervisión adulta y profesional de los niños y niñas.

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13975881

Ningún país desarrollado utiliza esquemas de doble jornada y hoy se cuenta con toda la evidencia técnica de que la unificación de la jornada escolar en los colegios y escuelas públicas es una de las mayores prioridades para la política nacional de educación. Para hacer esto posible, entre otras cosas, es necesario ampliar y mejorar una infraestructura que ha padecido desde siempre un profundo rezago, especialmente en las regiones alejadas de los polos de desarrollo.

En este contexto, habiendo sido un estudioso de este tema desde hace largo tiempo, acepté la invitación del Ministerio de Educación (MEN) para ser parte (entre agosto de 2015 y marzo de 2017) de la “Junta Administradora” del FFIE. Las funciones legales de dicha instancia se encuentran claramente delimitadas por el Decreto 1525 de 2015, el cual hace parte integral del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Según tales decretos, a la junta en mención no se le asignaron responsabilidades de ordenamiento del gasto ni aprobación de presupuestos, ni de contratación y seguimiento de obras, ni menos aún de selección de contratistas.

Es igualmente importante destacar que el proceso de la Contraloría no tiene que ver con delitos contra el erario público, ni se trata de una investigación sobre desviación de recursos, malversación de fondos o celebración indebida de contratos. Ni nada que se le parezca. Según la Contraloría, lo que debe investigarse es la existencia de eventuales fallas, por acción u omisión, de carácter administrativo.

De hecho, el modelo ideado desde el principio por el MEN ha protegido los dineros del Estado, en tanto eliminó la posibilidad de anticipos a los contratistas, al mismo tiempo que vinculó todo desembolso al cumplimiento de sendos hitos de avance en los proyectos. Lo anterior, siguiendo las buenas prácticas de construcción de infraestructura en otros sectores (v.g., Ley 1508 de 2012) y las provisiones del Estatuto Anticorrupción. Sin entrega de obras no hay pagos.

"Aquí no se ha perdido un peso", exgerente del FFIE sobre investigación de la Contraloría por recursos para colegios

En este contexto, enfatizando el pleno respeto por la institucionalidad nacional, yo encuentro legítima la función del ente de control, en particular considerando la significancia del proyecto bajo estudio. Por eso mismo respondo con tranquilidad las preguntas sobre el que fuera mi rol en este tema, el cual entiendo haber ejecutado con idoneidad y responsabilidad.

Para finalizar, quisiera afirmar que mi más grande deseo es que, una vez aclarada esta situación en el marco del debido proceso, el resultado final incluya el renovado compromiso de todos los actores competentes para que la Jornada Única sea, ojalá muy pronto, una realidad en Colombia.

Corolario: En mi condición de investigador he tenido oportunidad de aportar al Estado en múltiples ocasiones, incluyendo la autoría del Plan Decenal de Calidad del Aire para Bogotá, la coordinación de la Misión Logística del Departamento Nacional de Planeación y roles asesores en Colciencias y la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras. A pesar de las externalidades asociadas con las posiciones de visibilidad, sigo convencido de que quienes hemos optado por la vida académica tenemos la responsabilidad de aportar, desde nuestro conocimiento, al sector público.