Sombras en la Comisión de la Verdad

La confesión impactante de Martín Sombra, conocido como “El Carcelero” de las FARC, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dejado perplejos a todos los colombianos. En su declaración, sin vacilar, afirmó que él y sus tropas fueron los responsables de los actos violentos y asesinatos en Mapiripán, desmintiendo así la creencia previa de que los paramilitares o el Estado eran los culpables. Según sus propias palabras: “lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Río no fue, fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía, entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros”.

Esta declaración plantea una gran interrogante sobre las declaraciones rendidas ante la JEP, las cuales se realizan en cumplimiento de un régimen de condicionalidad que exige el compromiso del compareciente de contribuir a la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas. Esto deja en entredicho lo que se había afirmado anteriormente en el informe de la Comisión de la Verdad, el cual ya había sido objeto de críticas por presentar sesgos en contra de las Fuerzas Militares.

En meses pasados, en esta columna, yo ya había denunciado que muchos de los informes de la Comisión de la Verdad estaban completamente sesgados en contra de la Fuerzas Militares. El mismo general retirado Uzcátegui le contó a SEMANA, respecto a la declaración de Martín Sombra, cómo recibía estas declaraciones. El general respondió:

“Con sorpresa, porque siempre se ha dicho que la autoría fue de las AUC. Esto lo que demuestra, una vez más, es que la investigación ha sido deficiente, aún no se ha logrado esclarecer el número real de víctimas, ha habido falsos testigos, falsas víctimas orientadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, las cuales fueron indemnizadas con sumas millonarias por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Un general inocente, chivo expiatorio, pues estuve privado de la libertad 17 años, y ahora surge esta, una nueva hipótesis”.

Para la verdad, el tiempo. El Informe de la Comisión de la Verdad, liderado por el padre Francisco de Roux, menciona literalmente:

“Un grupo de paramilitares, con complicidad de miembros de la Fuerza Pública y civiles, secuestró, torturó y asesinó al menos a 49 personas en Mapiripán. Estos paramilitares utilizaron motosierras y machetes para desmembrar a las víctimas, causando un impacto devastador en la comunidad y en todo el país”.

“La matanza de Mapiripán constituye uno de los episodios más horribles de violaciones a los derechos humanos en Colombia. Las víctimas fueron campesinos y pobladores de la zona, cuyos cuerpos fueron sepultados en fosas comunes o arrojados al río Guaviare”.

Y continúa diciendo:

“La Comisión de la Verdad ha identificado a los responsables de esta masacre, señalando al frente Héroes de Granada de las AUC y a algunos miembros de la Fuerza Pública. Además, ha pedido justicia y que el Estado asuma públicamente su responsabilidad en estos hechos”

“El informe de la Comisión de la Verdad también destaca la importancia de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de la matanza de Mapiripán. Se han hecho recomendaciones al Gobierno para implementar medidas de reparación integral. La matanza de Mapiripán ha sido uno de los casos emblemáticos investigados por la Comisión, buscando asegurar que los responsables rindan cuentas y que se tome acción para prevenir la repetición de estos crímenes “.

Ahora, volvamos a la confesión de Martín Sombra y su implicación jurídica en una jurisdicción establecida entre el gobierno y las FARC para revelar la verdad del conflicto. Resulta difícil comprender por qué Martín Sombra se declararía culpable de la masacre de Mapiripán si ya se habían juzgado a otras personas y se había establecido la supuesta verdad en los procesos de justicia y paz, así como en las investigaciones de la Comisión de la Verdad.

Esto podría tener múltiples consecuencias para aquellos que actualmente están condenados por la masacre de Mapiripán, en su mayoría miembros del ejército. El sistema penal colombiano contempla la posibilidad de interponer recursos de revisión para determinar la verdad, con base en la declaración de Martín Sombra.

En cuanto al informe de la Comisión de la Verdad, si se descubre posteriormente que la información contenida no es verídica, esto podría acarrear repercusiones legales, cuestionamientos sobre la credibilidad de la Comisión y la obligación de iniciar nuevas investigaciones. Esto no se limita solo al caso de Mapiripán, sino que afecta a muchas otras denuncias que podrían haber sido tergiversadas en el informe de la Comisión.

Ante las dudas generadas por las declaraciones de Martín Sombra, es necesario que el gobierno suspenda la publicación y difusión del informe de la Comisión de la Verdad, el cual ya había sido denunciado como sesgado anteriormente. Asimismo, se deben iniciar investigaciones por parte de los organismos de control y llevar a cabo debates políticos en el Congreso.

Finalmente, en ejercicio del derecho de petición, hago un llamado a la ministra de Educación para que se suspenda de inmediato la implementación y distribución de los informes de la Comisión de la Verdad en colegios y escuelas. Esto se basa en las instrucciones dadas por el Ministerio de Educación y en las entidades responsables de la educación, con el fin de evitar que este material sea parte del currículo de los estudiantes colombianos.

Sin lugar a dudas, Martín Sombra ha arrojado sombras sobre la labor de la Comisión de la Verdad con respecto al caso de Mapiripán.

Jorge Enrique Vélez García

jorgeevelezg@hotmail.com