Subsidio para delinquir

En Colombia hay más de ocho millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad. En ellos la tasa de desempleo bordea el 30 %, de manera que tenemos alrededor de dos millones cuatrocientos mil jóvenes desempleados que no están estudiando. Todos, en potencia, al no tener oficio fijo, están en capacidad de caer en el mundo de la delincuencia.

En su más reciente iniciativa, el Gobierno Petro ha decidido subsidiar a cien mil jóvenes con una bonificación o subsidio de 12 millones de pesos (1 millón de pesos al mes) para que no caigan las garras del crimen. Aún no se tiene claro que cuatro por ciento de esta población será la beneficiaria de este dinero ni cuáles serán los criterios para escoger a los jóvenes.

En la escogencia de los jóvenes está el demonio. ¿Serán campesinos de municipios alejados que no tienen alternativa de sustento en sus veredas, con poca capacidad para hacer daño a la sociedad pero con inmensas dificultades económicas? ¿Serán jóvenes sin educación, que no hayan completado su primaria, y que no tengan alternativa de puesto por su bajo nivel de educación? ¿Estará concentrada la escogencia en los centros urbanos donde los jóvenes se manifestaron multitudinariamente durante el gobierno Duque? ¿Serán jóvenes con una ideología específica que soporte el programa de gobierno del régimen actual? Quedan muchas dudas sobre este punto, que sorprendentemente no ha sido abordado ni por el presidente, ni por la fan número uno del Banco Agrario y de las colas, Cielo Rusinque, ni el flamante ministro del interior, negociador de los acuerdos “difíciles”, Luis Fernando Velasco.

La pregunta de fondo es a quién se le debe ayudar con subsidios. Primero, en principio, hay una población mucho más vulnerable que los jóvenes, la tercera edad. Ellos no tienen la alternativa de trabajar como los jóvenes y son muchos más que cien mil. La reforma a las pensiones, de salir adelante, les daría cuatrocientos mil pesos al mes. ¿Por qué darles a los jóvenes dos veces y media más dinero que a los ancianos? Nadie lo entendería, a menos de que la óptica no sea el bienestar de la gente, sino la conveniencia del Pacto Histórico, a quien armar una armada de adeptos en la frontera de la ilegalidad puede servirle como le sirvieron los colectivos en Venezuela a Chávez.

Por otro lado, el programa de los jóvenes se presta para corrupción. ¿Cómo se puede verificar que los cien mil subsidios se les dan a cien mil jóvenes? ¿Cómo verificar que los subsidios no se utilizan para delinquir en vez de utilizarlos para prevenir que delincan? Preguntas sencillas que demuestran la falta total de estructuración del programa, si es que no se analiza desde el verdadero fin que tiene el gobierno.

Si se trata de impedir que los jóvenes caigan en las redes de criminalidad, el }gobierno debería tomar medidas absolutamente opuestas. El ser humano progresa cuando aprende a pescar y no cuando le dan pescado, porque cuando se acaba el pescado no solo no puede mantenerse, sino que le ha tomado el gusto a comer bien. Crear empleo joven y productivo, por medio del sector privado, es una solución que funcionaría mucho mejor para el futuro del país.

Con estos subsidios el resultado es una crónica anunciada. Habrá un enfoque político en la escogencia de los beneficiados que recuerda con preocupación lo ocurrido con las cajas CLAP en Venezuela. En el camino, parte de los subsidios se perderán, ya que terceros cobrarán a los jóvenes para que sean incluidos en la lista de beneficiarios: y los jóvenes, a pesar del regalo, seguirán delinquiendo. Una política bien pensada para los fines del partido de Gobierno, pero mal pensada para los colombianos.