Tampoco, señor Procurador

Señor procurador Edgardo Maya:

Sigo admirándolo mucho, pero nuevamente me siento en la obligación de expresar públicamente mi desacuerdo con su concepto sobre la ley de garantías electorales. Tampoco, como su concepto sobre la reelección, me convence.

Usted, como yo, de pronto habría elegido el camino de que si iba a haber reelección presidencial en Colombia, esta no fuera inmediata, para evitar un rompimiento tan abrupto de la tradición constitucional de los últimos años, y los naturales enredos que un presidente-candidato implica en un proceso electoral desacostumbrado a esa insólita figura.

Pero así quedó aprobado por el Congreso, mediante un trámite legislativo que a usted -a diferencia mía- no le pareció totalmente correcto, que hoy estudia la Corte y que tiene al país en vilo.

La ley de garantías electorales tenía que luchar contra una especie de Katrina político, o sea contra un imponderable natural: impedir que la condición de candidato del Presidente de la República le signifique una ventaja sobre sus otros contendores.

¿Esto se podía evitar del todo? Como el Katrina, no. Y allá apuntan prácticamente todas sus reservas sobre la ley de garantías: a que de todas maneras el Presidente tendrá sus ventajas, y la ley no podrá evitar que las tenga.

Si quiere le señalo algunas:

Ventaja número 1: ¿cómo evitar que el Presidente gobierne al tiempo que hace campaña?

Número dos: ¿cómo evitar que si gobierna y hace campaña, en su condición de Presidente se note más que sus adversarios?

Número tres: ¿cómo evitar que ocupe más exposición en los medios con sus actos de gobierno?

Número cuatro: ¿cómo prohibirle que gobierne con su estilo de los consejos comunales, y que de paso saque votos de su contacto personal con el pueblo?

Número cinco: ¿cómo diferenciar entre sus actos de gobierno y sus actos de campaña?

Número seis: ¿si una propuesta del Presidente tiene la vocación natural de ser aplicada, porque hoy él es el que manda, cómo hacer que las propuestas de los demás candidatos tengan el mismo peso, si son simples propuestas que sólo serán aplicadas si alguno de ellos logra acceder a la Presidencia?

Número siete: ¿cuántos candidatos distintos del Presidente que gobierna pueden tener avión propio, vivir en la Casa de Nariño, tener sus desplazamientos nacionales garantizados financiera y logísticamente?

Número ocho: ¿cómo evitar que frente al tope del gasto de las campañas para todos los demás candidatos, Uribe mantenga la ventaja de ser el Presidente?

Número nueve: ¿por el hecho de que al Presidente "ya lo conozcan", como dice su concepto, cómo evitar la desventaja de los demás candidatos, surgida de la necesidad de imponer un término de duración de las campañas -cuatro meses-, para regular lo relacionado con su financiación?

Número 10: ¿acaso existe la alternativa de prohibirle al Presidente que deje de gobernar por ahora, y sólo vuelva a hacerlo cuatro meses antes de las elecciones, para que sus contendores 'sientan' que tienen igualdad de oportunidades?

Podría seguir enumerando las ventajas inevitables e insalvables que tiene el candidato-Presidente sobre sus rivales. Pero no me queda espacio sino para hacerle dos consideraciones más.

No creo adecuado que solicite la devolución de una ley al Congreso para que éste le haga los cambios que el Procurador quiere. Pienso que con eso se está arrogando las funciones del legislador, que no tiene por qué recibir instrucciones sobre en qué sentido debe legislar y cómo debe redactar sus leyes.

Y, por último, aunque todas las ventajas que usted teme que existan existen, el Presidente tiene un handicap muy grande que las neutraliza: el de que ninguno de los candidatos tendrá a sus espaldas cuatro años de gobierno para ser juzgado por sus logros. De todos, es el único candidato que tendrá que presentar un examen, y uno muy difícil, por cierto. Incluirá logros, desaciertos y fracasos.

Si el país lo raja, señor procurador Maya, créame: no habrá aparición en televisión que lo salve.

Como siempre, le envío todos mis respetos.

ENTRETANTO... ¿Le entendí mal doctor Serpa, o lo que usted le está pidiendo al país es un 'pacto de honor' para respetar el fallo de la Corte sobre la reelección? ¿Desde cuándo el país necesita hacer pactos de honor para respetar la Constitución?