El terremoto del 10 de agosto de 2026 es el peor hecho acaecido en Pereira en su historia desde que en 1863 se asentaron los primeros pobladores, motivados por el reparto de tierras, que conformaron “una estructura de medianos propietarios” (Montoya J., 2009).
Creció por varias olas de migraciones y se tornó, como cabeza del Área Metropolitana Centro-Occidente, en una ciudad región atractiva para los demás municipios de Risaralda, para los del norte del Valle, varios del Quindío, algunos de Caldas, de Tadó en el suroccidente del Chocó y de San José del Palmar –que fuera epicentro del terremoto a 40 millas en línea recta– en el suroriente.
La capital de Risaralda, con 500.806 habitantes (2025), tiene 12,5 billones de pesos de producto interno bruto (PIB-2024), el primero de la zona cafetera central, y su influencia regional abarca a 2 millones de personas. Al concluir la primera semana, luego del terremoto había 99 fallecidos, 259 heridos, 132 desaparecidos, 35.263 viviendas averiadas (una de cada cinco del total), 9.200 de ellas con daño estructural, 68 estructuras colapsadas, 26 con colapso parcial y 106 averiadas, así como 7 centros de salud y 165 instituciones educativas dañadas. Un desastre gigantesco que paralizó la ciudad.
Hace años, Octavio Mejía Marulanda definió a Pereira como “ciudad comercial y cafetera” (Giraldo, R. Diners). No obstante, pasó de ser el primer municipio productor del país, con 15.315 hectáreas en cultivo en 1980, a solo 2.773 en 2025 (El Diario, 21/4/26). Áreas rurales y suburbanas se destinaron a urbanización, recreación y turismo, en procesos de creciente valorización del suelo.
Entonces, fue cada vez más comercial. De ahí que comercio, transporte, comida, servicios financieros, profesionales y técnicos sean el 49 por ciento del PIB; la administración pública, el 20 por ciento; la industria, el 14; la agricultura, el 7; la construcción, el 6; y minería y servicios domiciliarios, el 4 por ciento. El terremoto infartó, al golpear en grado sumo la zona céntrica de Pereira, el corazón del tejido económico, frenó en seco el motor de este ecosistema, le dio un tiro de gracia al desarrollo, retrocedió la ciudad por décadas.
El desastre impacta al patrimonio, al ahorro y al empleo locales. El censo empresarial de 2023 arrojó que en Pereira hay 21.530 comercios, de los que 12.500 están en las áreas más aporreadas: las comunas Centro, Universidad y Cuba (CC-Pereira). Son el 60 por ciento de todas las 31.229 empresas que generan 152.785 empleos, 5 cada una (Confecámaras, 2026), y son micronegocios el 93 por ciento. Esta estructura se estropeó el 10 de agosto en dos largos minutos –incluidas 1.237 fincas cafeteras con daños en Risaralda (FNC)– y es el foco de una crisis sobreviniente y lo principal a recomponer.
Sin embargo, cuando se estima que el valor necesario para la tarea reconstructora de Pereira puede alcanzar hasta 10 billones de pesos –70 por ciento del PIB local–, se echan de menos recursos que se dilapidaron por corrupción en la Perla del Otún.
Un claro ejemplo es la entrega por 30 años en 2016, por parte del alcalde Juan Pablo Gallo –el mismo exsenador bajo la Corte Suprema por cohecho impropio–, del aeropuerto internacional Matecaña al Grupo Solarte. Procedió, pese a los antecedentes corruptos como exsocio de Odebrecht en la Ruta del Sol II y en el túnel Tunjuelo-Canoas; no estorbaron para cederle 100.000 millones de pesos anuales de ingresos, de los que solo revierte 10.000 a Pereira. Ocho de cada 10 se originan en tarifas reguladas por Aerocivil; entradas fijas, cedidas a cambio de remodelar el terminal.
Solarte, que recibió el contrato bajo sospecha de colusión, aquí tampoco cumplió. No hizo las mejoras con recursos propios como se le exigía, no ha pagado la estampilla que obliga a toda transacción con el municipio y es un descalabro la construcción del techo, que antes filtraba las aguas lluvias y que se desplomó, matando a tres personas y quedando fuera de servicio en esta hora crucial. Sobra razón para revertir el “torcido” y aplicar más dinero a la causa reparadora.
Tan lamentable es la avenida “Los Colibríes”, con 3,4 km en estado de abandono luego de “ejecutarse” el 90 por ciento de un contrato que, con sobrecostos ficticios, sumó $52.181 millones. Un disparate que mandó a la cárcel al socio político de Gallo, el alcalde en 2021, Carlos Maya. Lo peor es que a tal saqueo se sumarán $42.730 millones que el actual alcalde, Mauricio Salazar, va a contratar –en medio de tantas angustias– para triplicar así el valor inicial de dicha avenida.
Los pereiranos retomarán “el recio empuje de los titanes”, como canta su himno, en demanda al Gobierno De La Espriella por los recursos concurrentes para sacar a la ciudad de entre los escombros. De lo contrario, podría ocurrir el peor sismo: el socioeconómico.