Colombia se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026-2027 en medio de problemas estructurales del sector eléctrico, estrechez energética, retrasos en proyectos estratégicos y elevadas obligaciones financieras acumuladas durante los últimos años. El panorama exige actuar antes de que sea demasiado tarde.
Las proyecciones de energía firme muestran brechas que no podemos ignorar: 5.872 GWh-año para 2025-2026, equivalentes al 6,6 %; 8.030 GWh-año para 2026-2027, equivalentes al 8,6 %; 7.841 GWh-año para 2027-2028, equivalentes al 8,3 %; y 10.300 GWh-año para 2028-2029, una brecha del 10,6 %.
A ello se suma la situación del gas natural. Colombia perdió la autosuficiencia y la dependencia de las importaciones continúa creciendo. En agosto de 2026, el gas importado llegó a representar el 34 % del suministro nacional, cuando hace apenas unos años las importaciones tenían una participación considerablemente menor. Algunas proyecciones advierten, además, que la estrechez de oferta podría profundizarse durante 2026 y 2027.
No estamos hablando de un energético marginal. El gas natural llega diariamente a millones de colombianos y es fundamental para los hogares, la industria, el comercio, el transporte y, especialmente durante periodos de menor hidrología, para respaldar la generación térmica de electricidad.
El propio Gobierno nacional ha reconocido la necesidad de anticiparse. Mediante la Directiva Presidencial 03 del 22 de septiembre de 2026 se ordenó a diferentes ministerios y entidades construir una hoja de ruta nacional para anticipar, prevenir y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027.
Es una decisión necesaria, pero el diagnóstico debe convertirse rápidamente en acciones.
Precisamente por eso, esta semana los congresistas del Centro Democrático que integramos las Comisiones Quintas de Senado y Cámara presentamos siete propuestas para enfrentar el riesgo energético. Son medidas que deben ser estudiadas con responsabilidad técnica, fiscal, ambiental y jurídica, pero, sobre todo, entendiendo que los tiempos de una emergencia energética son diferentes de los tiempos tradicionales de la burocracia.
Una de las propuestas consiste en reconocer el gas natural como energético estratégico y establecer mecanismos que garanticen su disponibilidad para respaldar el sistema eléctrico cuando las condiciones así lo requieran, respetando siempre la protección de la demanda esencial.
También se plantea conformar una mesa permanente de seguimiento al abastecimiento de gas, con participación de Ecopetrol, productores privados, TGI, Promigas, agentes importadores de GNL y las autoridades correspondientes, con reuniones semanales y reportes públicos periódicos. Asimismo, deben estudiarse mecanismos excepcionales de contratación y suministro que permitan responder oportunamente a los picos de demanda y a las necesidades del parque térmico.
Colombia necesita saber, prácticamente en tiempo real, cuánto gas tiene, cuánto produce, cuánto importa, cuánto necesita la industria y cuánto requiere el sistema eléctrico para garantizar energía firme.
Otra propuesta que considero fundamental es acudir a un fast track para los proyectos energéticos estratégicos que Colombia necesita con urgencia.
Una situación extraordinaria exige mecanismos extraordinarios.
El país debe construir, dentro del marco constitucional y legal, una ruta que permita reducir sustancialmente los tiempos administrativos asociados al licenciamiento ambiental, la consulta previa y las demás actuaciones requeridas para proyectos de generación, transmisión, transporte de gas e infraestructura petrolera que sean priorizados por su importancia para la seguridad energética.
Este fast track debe construirse mediante la coordinación entre la ANLA, el Ministerio del Interior, la UPME, el Ministerio de Minas y Energía y las demás autoridades competentes, estableciendo una ruta diferenciada para proyectos estratégicos, un responsable claramente identificado por cada proyecto, cronogramas unificados y términos claros para que las entidades tomen oportunamente las decisiones que les corresponden.
Fast track no significa eliminar controles ni desconocer derechos. Significa acabar con trámites eternos, duplicidades y tiempos burocráticos incompatibles con una situación de riesgo energético. Las comunidades deben conservar sus garantías, la evaluación ambiental debe mantener su rigor y las autoridades deben cumplir sus responsabilidades; pero el Estado también tiene la obligación de decidir oportunamente.
Si Colombia enfrenta un riesgo creciente sobre su seguridad energética y El Niño puede aumentar la presión sobre el sistema, no podemos permitir que proyectos capaces de aportar nueva energía permanezcan durante años atrapados en trámites administrativos.
El fast track energético debe servir precisamente para eso: hacer en meses lo que hoy puede tardar años, manteniendo el rigor técnico, ambiental y jurídico.
También debemos solucionar uno de los problemas que amenaza la estabilidad financiera de toda la cadena: las deudas del sector eléctrico.
He venido proponiendo la posibilidad de convertir determinadas obligaciones reconocidas por el Estado en títulos de deuda sectorial de largo plazo, eventualmente a 15 o 20 años, administrados mediante un patrimonio autónomo o un vehículo financiero que ofrezca suficientes garantías. Los acreedores podrían negociar estos títulos con la banca nacional o internacional para recuperar liquidez, mientras el Gobierno tendría un horizonte fiscal razonable para atender sus obligaciones.
La diferencia es fundamental; no se trataría simplemente de otro parche de caja, sino de buscar una solución financiera estructural para un sector que necesita urgentemente recuperar liquidez.
Pero quizás el mayor desafío está en los proyectos que Colombia necesita y que todavía no entran en operación.
De los 4.475 MW que se esperaban para 2026, apenas el 16,4 % habría entrado oportunamente en operación. La situación viene acumulándose desde años anteriores; los porcentajes de entrada efectiva de los proyectos previstos han estado muy por debajo de las necesidades del sistema. A ello se suman cerca de 275 proyectos de generación con retrasos superiores a un año, decenas con demoras que superan los cuatro años y dificultades semejantes en buena parte de los proyectos de transmisión.
Ese es precisamente el problema: mientras la demanda continúa creciendo, la nueva capacidad de generación y transmisión no está entrando al ritmo que necesita Colombia.
Por eso, toda la institucionalidad debe unirse alrededor de un propósito superior: garantizar la seguridad energética de Colombia. Gobierno, Congreso, empresas, autoridades ambientales, comunidades y gremios deben entender que prevenir un escenario de racionamiento exige decisiones anticipadas.
El fenómeno de El Niño no se controla desde un escritorio. Se debe enfrentar preparándonos para sus efectos, administrando responsablemente nuestros recursos hídricos, garantizando combustibles para las térmicas, acelerando los proyectos que necesita el sistema y recuperando la liquidez del sector.
Las propuestas presentadas por el Centro Democrático deben ser estudiadas técnicamente por el Gobierno, junto con las alternativas planteadas por los demás actores del sector. Frente a una situación de esta naturaleza, las soluciones deben evaluarse por su viabilidad y capacidad para proteger la seguridad energética del país.
Las cifras son una advertencia y el fenómeno climático no entiende de ideologías ni de burocracia. Colombia tiene la oportunidad de anticiparse y tomar las decisiones necesarias antes de que el problema llegue a los hogares, las empresas y las regiones.
Con El Niño no se juega. Se enfrenta con energía firme, planeación, fast track y decisiones rápidas.