
Decisión: El 30 de octubre, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó la honra y el buen nombre del registrador Hernán Penagos y el buen nombre de la Registraduría. Ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar en cinco días doce publicaciones en X y lo dicho en un consejo de ministros, y abstenerse de atribuirles fraude o delitos mientras no exista una decisión en firme de autoridad competente. El fallo, conocido el 17 de noviembre, es de primera instancia y puede ser impugnado.
Error: Entre el 2 de junio y el 5 de agosto, cuando aún gobernaba, Petro dijo que el registrador “se prestó” para un fraude, que había cometido un “¡Delito!” y que el fraude estaba “comprobado”. Para la Sala no eran opiniones, sino afirmaciones de hecho sin respaldo: ninguna autoridad ha declarado fraude, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección el 24 de junio y la Misión de Observación de la Unión Europea no encontró fallas en el software. El presidente no habla como cualquier ciudadano: su palabra tiene el peso del Estado y por eso se le exige verificar.
Pesos y contrapesos: El sistema funcionó: un registrador elegido por las altas cortes, un CNE que declara la elección, 35 demandas de nulidad en curso y un juez que protege derechos sin decidir quién ganó. La orden de abstenerse hacia el futuro parecería rozar la censura previa que prohíben el artículo 20 de la Constitución, pero se trata de la protección de la Presunción de Inocencia y del Debido Proceso. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.
Estrategia política: La Misión europea contó 247 mensajes con 930 referencias a un posible fraude en el primer semestre, antes de votar. El relato se construyó con anticipación: si se ganaba, era a pesar del fraude; si se perdía, era por él. “No fuimos derrotados electoralmente, somos mayoría legítima”, escribió el 26 de julio. La denuncia penal contra Penagos llegó en octubre, después de la tutela.
Extralimitación: Petro se equivocó de destinatario y de competencia. La Registraduría organiza las elecciones, pero los votos los cuentan jurados y comisiones escrutadoras, y la elección la declara el CNE. Y solo un juez declara un delito. Al anunciar condenas desde su cuenta, el presidente se extralimitó en sus funciones: actuó como fiscal y juez. Pedir auditorías, cuestionar el software o demandar la elección era su derecho; condenar sin proceso, no.
Contexto DNI: La paradoja es mayor. Según documentos revelados por Noticias Caracol, el 9 de abril la Dirección Nacional de Inteligencia pidió a la Registraduría el censo electoral completo, con datos de unos 41 millones de ciudadanos. La Registraduría se negó. Penagos ya había denunciado en marzo un presunto plan para alterar sus sistemas, y el 13 de noviembre fue capturado Carlos Oyola, vinculado a la DNI, señalado en un informe interno como líder de una red para cambiar resultados. Son hechos en investigación y nada prueba que Petro los conociera. Pero mientras el gobierno denunciaba fraude, su servicio de inteligencia buscaba el censo.
Conclusión: La democracia necesita una oposición que vigile al árbitro, no que lo atropelle. La libertad de expresión protege la crítica dura, pero no la imputación de delitos sin prueba, menos aún desde el poder presidencial. Sembrar sospechas sobre el conteo erosiona la confianza en el voto, base de cualquier gobierno, incluido el de quien siembra la duda.
Cita de la semana: “Porque si yo he de procurar quitarte la honra, claro está que te quito la vida, pues el hombre sin honra peor es que un muerto.” Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605)
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