Los debates políticos de la vida cívica nos sitúan no solo ante la apremiante valoración de la sociedad deseada, sino que nos invitan a reflexionar sobre la equidad y el mérito. La imprevisibilidad de la sindemia vírica de la covid-19 pone sobre el tintero inevitables preguntas que, entre otras, enlazan el papel de las instituciones educativas con la exigencia social de combatir la inequidad a través de la educación.
A decir verdad, el ideal meritocrático ha impuesto en la sociedad la idea de que la movilidad social se determina por el avance o el retroceso que se mide en virtud del esfuerzo o el talento de una persona. No obstante, en ocasiones esa idea ignora que no todas las personas están en el mismo punto de partida y que, tal vez, aun teniendo todas las aptitudes para competir y crecer profesionalmente, difícilmente se situarían en un escenario en el que pudiesen explotar al máximo las escazas y tan exigidas oportunidades.
La grave crisis social que ha traído la pandemia acrecentó exponencialmente la desigualdad educativa. En el año 2020, un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana nos reveló una escalofriante cifra: apenas el 26 % de los estudiantes en zonas rurales en Colombia tenían conectividad frente a un 89 % en zonas urbanas, por lo que, de los 2.400.000 estudiantes de colegios rurales, solo 408.000 tenían acceso a internet.
Hoy por hoy, el desafío educativo más grande es el retorno a la presencialidad y a las aulas de clase. Sin embargo, ello no es suficiente para integrar a una comunidad académica y, sobre todo, para combatir efectivamente la desigualdad, sino que se requiere un dialogo continuo sobre la educación deseada más allá de fronteras físicas.
Los retos más importantes de las discusiones sociales implican escuchar y vincular esos debates a los protagonistas de la transformación: a los jóvenes. Hoy, la regionalización educativa promueve la transferencia de capacidades a partir de la integración de estos protagonistas para que puedan conectarse con los centros educativos y sus propios territorios, así como aquellos que son ajenos a ellos. Y, por otro lado, la internacionalización posibilita que se entre en contacto con el mundo exterior desarrollando competencias interculturales y empoderando a los jóvenes ante redes de conocimiento globales.
Es así como hemos encontrado loables avances y experiencias que merecen un reconocimiento por el interés de algunas instituciones de implementar un modelo educativo centrado en el aprendizaje y la enseñanza cívica en el plano internacional y regional. La Universidad del Rosario, en el marco de la Ruta UR 2025, le ha apostado a la construcción colectiva de sus centros de pensamiento a partir de un dialogo bilateral que invita a los jóvenes a unirse al debate y a discusiones globales que traspasan las fronteras territoriales.
Por ello, opinamos que un remedio a la desigualdad implica que los centros educativos vayan a los territorios –incluso virtualmente, a pesar de la escasa conectividad– para tecnificar y profesionalizar talentos inexplorados que no tienen la oportunidad de llegar presencialmente a los centros del conocimiento.
En definitiva, el éxito de los retos educativos estará determinado por el involucramiento de los jóvenes a la definición de la sociedad deseada, solamente si nos permitimos conocer las expectativas de los protagonistas ante el mundo global. A pesar de que el mundo exija a los mejores talentos y profesionales bajo la idea del mérito, será más valioso un enfoque que considere la exploración de las regiones como una verdadera oportunidad para crecer sincréticamente hacia la equidad educativa.