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Jorge Eduardo Barón Columna Semana
Jorge Eduardo Barón. Bogotá Diciembre 6 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Una paz sin principios

El objetivo de la ‘paz total’ está enfocado en crear negociaciones con grupos insurgentes como el ELN, la primera línea y las disidencias de las Farc. Esta propuesta resulta ser verdaderamente populista.

Por: Jorge Barón

El sueño de cualquier colombiano es “la paz”, un sentimiento que pude ver en los rostros de muchos de los colombianos durante el proceso de recorrer Colombia, junto a mi padre en las giras del Show de las Estrellas; sin embargo, atacando mi cabeza bajo un ejercicio reflexivo, surgen preguntas como ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la “paz”? Nuestro país lleva inmerso en un conflicto armado, sin descanso, desde el asesinato de Gaitán en 1948 y la formación de las primeras guerrillas liberales. Sin embargo, el conflicto de hoy no se lucha por ideales, como lo hacían los insurgentes del pasado, cuyos objetivos estaban encaminados en la búsqueda de obtener representación y poder político.

Hoy en día, los grupos que aterrorizan a nuestra patria son narcoterroristas que derraman sangre sin piedad y cuyo objetivo es el enriquecimiento monetario con base en la exportación de sustancias ilícitas. Por ese motivo, es importante reflexionar si la búsqueda de la paz total de Gustavo Petro resulta ser un indulto para narcoterroristas disfrazado del mayor anhelo de todos los colombianos.

El objetivo de la paz total está enfocado en crear negociaciones con grupos insurgentes como el ELN, la primera línea y las disidencias de las Farc. Esta propuesta resulta ser verdaderamente populista, ya que el Gobierno quiere lograr estas negociaciones a toda costa, sin importarles los antecedentes de los diferentes grupos insurgentes. Primeramente, el ELN hace mucho tiempo perdió sus ideales basados en la Teoría de la Liberación; adicionalmente, este grupo ha sido bastante problemático cuando se trata de concretar un proceso de paz, de hecho, se ha intentado negociar con ellos en varias ocasiones, comenzando con el gobierno Uribe en 2006, seguido con el de Santos, que tras el “éxito” del Proceso de Paz con las Farc recibieron un llamado a la paz.

En el caso del gobierno Duque, se frustró la oportunidad de negociación en 2019, tras el ataque del grupo terrorista a la Escuela de Cadetes del General Santander, dejando 23 muertos y 87 heridos. Por otra parte, las disidencias de las Farc son células terroristas que rechazaron los Acuerdos de Paz de La Habana. Actualmente, las disidencias se dedican a aterrorizar a la población civil, como es el caso de Arauca, que desde enero de 2022 llevan alrededor de 314 asesinatos. Por último, se tiene a la primera línea, un grupo insurgente que llevó al país a perder alrededor de 14 billones de pesos y la destrucción de múltiples establecimientos comerciales y que ahora el presidente Petro los quiere convertir en gestores de paz. ¿Cómo es posible que un Gobierno dedique esfuerzos y capital económico a indultar a este tipo de grupos que no han mostrado arrepentimiento de sus actos o incluso un deseo sincero de desmovilizarse y concretar la paz?

En segundo lugar, esta propuesta viola varios de los principales pilares que definen al Estado Colombiano, estos son: el principio de igualdad ante la ley, principio de frenos y contrapesos y el monopolio legítimo de la fuerza. El primer concepto ejemplifica que todo ciudadano tiene que seguir las normas de conducta de su ordenamiento jurídico, sin embargo, con una negociación de paz que busca indultar criminales, consecuentemente los pondrá por encima de la ley.

Adicionalmente, se tiene el principio de frenos y contrapesos, el cual representa el control político que cada rama del poder público se hace sobre la otra, este mecanismo es utilizado para que ninguna rama tenga más poder, en ese sentido, el artículo 8 del proyecto de ley de paz total busca excluir al Congreso de las negociaciones de paz para que así el Gobierno tenga completo control de estos.

Por último, se tiene la violación al monopolio legítimo de la fuerza de un Estado, ya que la propuesta desconoce la búsqueda de la defensa de la nación de cualquier amenaza interna o externa. Sumado a esto, irrespeta los sacrificios y la labor que la fuerza pública tuvo en el conflicto armado Colombiano.

De esta forma, y a manera de conclusión, el Gobierno Petro no debería enfocarse en crear mesas de diálogo con grupos que han demostrado una actitud negativa frente a la paz, más bien recomiendo que enfoquen todos sus esfuerzos en fortalecer los mecanismos existentes para ayudar a mejorar el desarrollo de las regiones y no malgastar recursos en personajes que no merecen tal trato.

Referencias

Leon (2022), “EL GOBIERNO SE LANZA A MEDIAR EN LA GUERRA DEL ELN Y LAS DISIDENCIAS EN ARAUCA”, recuperado de https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-gobierno-se-lanza-a-mediar-en-la-guerra-del-eln-y-las-disidencias-en-arauca/

Pardo (2022), ”El Paro Nacional nos afectó más que la pandemia”: el estallido social visto por los empresarios (y por qué creen que es una oportunidad para Colombia)”

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57366819

Gallego G. (S.f ), “Sobre el monopolio legítimo de la violencia” # 60/2003 ( pp 72-120 )

Fundación Ideas Para la Paz (2022), “La paz con el ELN: desafíos y decisiones claves”, recuperado de https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2022-07/la-paz-con-el-eln-desafios-y-decisiones-claves

Martinez M. ( S.f), “Los principios constitucionales de igualdad de trato y prohibición de la discriminación: un intento de delimitación”, recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23276.pdf