A propósito del debate que se ha venido generando en Colombia con motivo de las elecciones del próximo 21 de junio, en las que elegiremos por voto popular, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, al próximo presidente de Colombia para el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2026 y el 7 de agosto de 2030, es bueno señalar que durante dicha campaña, e incluso antes de la misma, se han dicho varias mentiras como si fueran verdades.
Una de ellas, tal vez la más importante, es la afirmación de que los diversos grupos armados ilegales que actualmente existen en el país, llámense guerrillas, disidencias o paramilitares, tienen voluntad de paz y desean desmovilizarse; y que, por lo tanto, cualquier acción del Estado de cero tolerancia frente a las actividades criminales de dichos grupos, por intermedio de las Fuerzas Militares y de Policía, puede poner en peligro esos caminos de paz y desmovilización.
Quienes así piensan olvidan que estos grupos armados ilegales, desde hace años, están atrapados por los intereses económicos derivados de los negocios del narcotráfico, del secuestro y de la minería ilegal, así como por el poder intimidatorio que les proporciona, especialmente ante la población rural, el uso de las armas. Con ellas, además, continúan causando enormes daños a la población civil, incluidos miles de niños y niñas.
Es equivocado confundir políticamente los esfuerzos de paz y reconciliación que años atrás ha realizado el Estado con la realidad actual. Lo concreto y lo real es que la existencia y las actividades de todos esos grupos armados ilegales van en contra del derecho de la población a vivir en paz y tranquilidad.
De modo que, como demócrata y defensor de la búsqueda de la paz y de los esfuerzos realizados en el pasado para alcanzarla en Colombia, considero respetuosamente que el candidato Abelardo de la Espriella tiene razón cuando manifiesta que, en caso de resultar elegido presidente de la República, ejercerá desde su mandato, y con la Constitución en la mano, una política de cero tolerancia frente a la existencia y actividades de todos esos grupos armados ilegales.
Con todo respeto hacia las personas que no están de acuerdo con tal proceder, les manifiesto que, en cualquier otro país democrático del mundo, se actuaría de la misma manera, por cuanto la existencia de grupos armados ilegales y las acciones violentas que estos ejercen contra la población civil son contrarias a la democracia, a los derechos humanos y al derecho de las personas a vivir en paz y en tranquilidad.
De modo que desde ya, invito a quienes el 21 de junio hayan votado o no por alguno de los dos candidatos a la Presidencia para que, unidos en la diferencia, le solicitemos a ese nuevo gobierno desarrollar una verdad fundamental para el país: que una política de cero tolerancia frente a la violencia, incluido el grave delito del secuestro, venga de donde venga o la ejerza quien la ejerza, debe estar siempre acompañada de principios éticos, igualmente irrenunciables.
Entre esos principios se encuentran la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, las desigualdades sociales y las contaminaciones ambientales; y, sobre todo, la convicción democrática universal de que gobernar solo tiene sentido cuando primero están los niños y las niñas, y cuando existe tolerancia cero frente a todas aquellas personas que, aun siendo nuestros amigos o familiares, pretendan utilizar al Estado como su propia vaquita lechera’.