Opinión
Víctimas y victimarios
Lo que no podemos desconocer hoy en Colombia es la participación de menores de edad como guerrilleros activos.
A raíz de los bombardeos militares autorizados por el presidente de la República contra campamentos guerrilleros en algunas zonas rurales de Colombia, donde desafortunadamente murieron varios menores de edad, se ha generado un amplio debate público. Estos menores, reclutados a la fuerza por los grupos guerrilleros, se encontraban en dichos lugares armados y vistiendo prendas militares.
Como este tipo de hechos, en los que se ven involucrados menores utilizados como guerrilleros, pueden repetirse —así como la muerte violenta de civiles, policías y militares—, es necesario que en Colombia hagamos una profunda reflexión democrática sobre los alcances y límites del derecho internacional humanitario y sobre la figura de quiénes son víctimas y quiénes son victimarios en la irracional violencia que, desafortunadamente, seguimos padeciendo en el país.
Lo que no podemos desconocer hoy en Colombia, frente a los niveles de terrorismo y de agresiones violentas por parte de los grupos armados ilegales contra la población civil, los militares y policías, así como contra mujeres y niños, es la participación de menores de edad como guerrilleros activos.
Esa realidad, en la que lamentablemente han participado varios menores de edad como combatientes, debe llevarnos a una reflexión democrática serena sobre los derechos que en democracia tienen las víctimas, que en Colombia —como en cualquier otro país del mundo— son muy distintos a los de los victimarios.
Esa diferenciación entre víctimas y victimarios es la que, en las condiciones particulares de Colombia, siempre debe primar en organismos estatales como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. De igual manera, debe primar en diversos organismos nacionales e internacionales, porque no es lo mismo ser una persona decente que trabaja honradamente que ser alguien que mata y está por fuera de la ley. De lo contrario, entraríamos en una especie de ‘patria boba’.
Como ‘no existe mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’, considero, con todo respeto, que en las condiciones particulares de Colombia es un error pretender equiparar a los ‘buenos’ con los ‘malos’; a las víctimas con los victimarios, y a nuestras Fuerzas militares y de policía con los grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes o pandillas de asaltantes.
En otras palabras, si realmente queremos construir caminos democráticos y de convivencia pacífica en nuestro país, un requisito básico es que las personas legales —seamos de centro, derecha o izquierda— tengamos como norte ético la cero tolerancia con las actividades de todas aquellas personas, incluidos menores de edad, que participan en actividades criminales o propias de los victimarios.
En ese propósito democrático, debemos invitar a todos los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República a que manifiesten públicamente cómo combatirán, en el futuro, a todas las personas involucradas en actividades ilegales y que, además, contribuyen a fortalecer la acción de los victimarios contra Colombia, su pueblo y su gobierno.
Aunque voté en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2022, como exvicepresidente de la República respaldo públicamente la valerosa decisión política del presidente de Colombia de reconocer que él autorizó los bombardeos militares en los que murieron guerrilleros, entre ellos varios menores de edad, y que, en la lucha contra las actividades delictivas y de narcotráfico del denominado guerrillero Iván Mordisco, no descarta autorizar nuevos bombardeos a núcleos rurales donde estén ubicados sus combatientes.
En esa misma línea de conducta, espero que el Congreso de la República no cometa el error político de aprobar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, porque esta se convertiría en un triunfo político de los victimarios y en un nuevo dolor para las víctimas de la violencia en Colombia.
