Las cuentas del fracking

Siguen vigentes las medidas cautelares que tienen suspendido en Colombia el fracking, la polémica técnica para extraer hidrocarburos en yacimientos no convencionales. No obstante, el Consejo de Estado advirtió que el alcance de esta decisión no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), contenido en el informe elaborado por el comité de expertos nombrado por el Gobierno Nacional. Solo el año entrante este alto tribunal se pronunciará de fondo sobre el futuro de este tema.

Ambientalistas y movimientos en contra del fracking recibieron con satisfacción la decisión de mantener suspendida esta técnica. Pero las alarmas se encendieron por el impacto en la autosuficiencia energética y el efecto en las finanzas públicas. La polémica crece y el tiempo corre. En efecto, Colombia tiene hoy por hoy una autosuficiencia energética de apenas 6,2 años en petróleo y de menos de diez en gas.

Por otra parte, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) está concebido sobre la base de una renta petrolera sostenida de 860.000 barriles para ese periodo. Pero en las actuales circunstancias esa producción no está garantizada en la próxima década. Ciertamente el país debe seguir explorando yacimientos convencionales, técnicas de recobro mejorado de los actuales pozos y buscar nuevas cuencas. Pero el fracking sería una alternativa mucho más cierta.

Las pruebas piloto, como ha advertido el Gobierno, sirven para definir la viabilidad de la técnica y recoger la información para tomar las medidas necesarias en materia de institucionalidad y controles para mitigar los impactos ambientales, sociales y hasta sísmicos. Con el pronunciamiento del Consejo de Estado se puede avanzar en los proyectos piloto identificados en cuatro zonas del país: el valle medio del Magdalena y la cuenca César Ranchería.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, ha advertido que la recomendación de los expertos "fue, antes de ir a la fase comercial, hacer unos proyectos piloto y el gobierno ha dicho que acogerá la recomendación de los expertos".

Además, el Alto Tribunal puso a muchos a hacer cuentas con su decisión. Solo el año pasado Ecopetrol le aportó al Estado $23 billones, entre dividendos, impuestos y regalías. En la última década, las transferencias del sector al país han superado los $220 billones y se estima que estas transferencias en el futuro podrían superar los $30 billones cada año. Y lo peor: ni en la actualidad ni en el corto plazo algún sector o producto estarían en condiciones de hacer esos aportes económicos al Estado. Según cuentas del Gobierno, tendría un 15% menos de ingresos que significaría disminuir recursos para programas sociales o poner más impuestos.

La posibilidad de desarrollar la técnica de fracking le permitiría a Colombia triplicar sus reservas y garantizar su abastecimiento en las próximas décadas. No tener esa opción podría dejar al país en un escenario muy complejo para sus cuentas: solo comprar el crudo requerido para alimentar las refinerías y producir los combustibles que necesita el país valdría más de $30 billones cada año. Eso sin contar con los recursos que produce en materia de exportaciones este sector: unos US$15.000 millones anuales en promedio.

Tampoco llegaría la inversión necesaria para el desarrollo de esta tecnología que, según cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), podría ascender en el mediano plazo a US$5.000 millones. Sin inversión ni exportaciones, el precio del dólar podría llegar a niveles superiores a los $5.000.

Para este gremio, el aporte de los yacimientos no convencionales en los próximos 25 años totalizaría US$36.000 millones, entre regalías, impuestos y dividendos.

En materia de empleo, se calcula que en la etapa de producción la actividad crearía 19.000 empleos directos estables, que sumados a los indirectos totalizarían 68.000 nuevos puestos de trabajo durante 25 años. En su mayoría se trata de mano de obra con nivel de formación técnica, tecnológica y profesional. Esto equivale a 40% de las personas sin empleo actualmente en Cesar o a 30% de los de Santander.

El Consejo de Estado decidió aplicar el principio de precaución: ante el desconocimiento del impacto es mejor no avanzar. Para los expertos del sector, dado que los riesgos están identificados y se pueden prevenir, aplica en realidad el de prevención, que exige tomar las medidas para evitar que esos riesgos se materialicen; por ejemplo, con exigencias ambientales y monitoreo sísmico, para no fracturar alrededor de fallas. Por ahora, sin nuevas instancias judiciales porque se agotaron con el recurso de súplica del Ministerio de Minas y Energía, todo queda supeditado a lo que decida el Consejo de Estado el año entrante. Mientras tanto, el país debe pensar, con fracking o sin él, cómo hará su transición energética y la transformación productiva, donde los recursos del petróleo serían fundamentales.

¿Qué piensa la ministra?

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

Tras conocer la decisión del Consejo de Estado, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, fijó la posición del Gobierno.

"Si esto fuera un tema político sería más fácil dejarle este problema al próximo gobierno. Porque ni a esta ministra ni a este Gobierno se les van a acabar las reservas de gas y petróleo". "Si no entran (los dólares del petróleo), tendremos que usar los del café, las flores y los aguacates para comprar gasolina, diesel y gas. Y el efecto será que el dólar no esté a $3.400 sino a $5.000". "Jamás sacrificaríamos el agua por el petróleo. El dilema de agua o petróleo es falso".