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Gas Natural Fenosa. Getty | Foto: Gas Natural getty

DEMANDA

Gas Natural demanda a Colombia ante un ente de Naciones Unidas por Electricaribe

Su objetivo es que se le devuelva la compañía "en un marco regulatorio viable" y que se le compense por más de US$1.000 millones por la decisión del Gobierno de Colombia de liquidar su filial Electricaribe.

22 de marzo de 2017

La multinacional Gas Natural Fenosa solicitó hoy el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de US$1.000 millones por la liquidación de Electricaribe.

Aunque en un principio la firma pretendía que el arbitraje internacional por este contencioso quedara en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial, finalmente se ha decantado por este otro ente.

Su objetivo es que se le devuelva la compañía "en un marco regulatorio viable" y que se le compense por la decisión del Gobierno de Colombia de liquidar su filial Electricaribe, informó Gas Natural.

Lea también: Gas Natural pide indemnización por liquidación de electricaribe

La medida de liquidación adoptada por Colombia, mediante la Superintendencia de Servicios Públicos, es contraria a las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para la inversión internacional, según esta empresa.

Sin embargo, el presidente, Juan Manuel Santos, afirmó este domingo 19 de marzo, que habló con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, para que el conflicto por la liquidación de Electricaribe no afecte la relación bilateral.

Gas Natural asegura que realizó inversiones en Electricaribe por 255 millones de euros y que habría invertido 3 veces más si no tuviera la situación de impago que, según ellos, tiene un impacto de 1.300 millones de euros, de los cuales 350 millones corresponden a clientes protegidos a los que no es posible cortar el suministro por ley.

"Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude", añaden mediante comunicado.

Mientras tanto en la liquidación de la compañía, que va encaminada a vender los activos para pagar las deudas, avanza un proceso de valoración que se adelanta con diferentes metodologías, como flujo de caja libre descontado o el valor en libros. “En cualquiera de ellos el valor es bastante bajo. En el primero, por la difícil situación financiera de la compañía y, en el segundo, si se hace una depuración de las cuentas por cobrar de más de 180 días y se revisan los pasivos a ver si están bien registrados”, advierte una fuente cercana al proceso.

*Con información de EFE