Procuraduría revisa incumplimiento del Gobierno en vivienda campesina

La Procuraduría General la Nación lanzó una advertencia a Fiduagraria por el alto grado de incumplimiento que tiene la entidad en cuanto al cumplimiento de la política de vivienda rural en el país, pues en algunos casos, llega a niveles de 93%.

De acuerdo con el Ministerio Público, la entidad ejecutora de los subsidios de vivienda rural, junto al Banco Agrario y al Ministerio de Agricultura, no han cumplido de manera satisfactoria con este programa, en especial, con los fallos de jueces de restitución, que en 19.455 casos han ordenado proteger y cobijar con este beneficio a familias de campesinos víctimas de abandono o despojo de tierras.

De 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante las vigencias 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria presentó un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento de 93% de las órdenes judiciales en esta materia. 

Según indicó la Procuraduría, requirió a la presidenta (e) de Fiduagraria, María Cristina Zamora Castillo, sobre el avance del contrato suscrito con el Ministerio para la ejecución de las órdenes de los jueces de restitución sobre temas de vivienda rural. Esto, en una acción preventiva de vigilancia y seguimiento.  

Así mismo, solicitó al presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco Mejía, información sobre los principales motivos de la no ejecución de programas de vivienda rural digna, para los campesinos víctimas de conflicto armado.

La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional “a realizar los ajustes institucionales necesarios, para que la política de vivienda rural destinada a las víctimas de despojo y abandono de tierras, se adecúe a los propósitos de la reparación integral, de manera articulada con las entidades con competencia en este tema, de manera que las familias campesinas tengan garantías para retornar y permanecer en los territorios de los que fueron desplazados, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-588/19”.

De igual manera, la PGN le pidió al Congreso la prórroga de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para proteger a esta población vulnerable, pues de no producirse cambios frente a la política de vivienda rural y al cumplimiento de los fallos de restitución, “aumenta el riesgo de que los campesinos enfrenten la pérdida de su identidad, de las prácticas culturales, del relacionamiento con la naturaleza, se profundiza la ruptura del tejido social y la amenaza frente a la falta de medios para su subsistencia y la soberanía alimentaria del país, riesgo que se acrecienta en momentos de pandemia”.