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Sede de Colpensiones. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

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Colpensiones cambió proveedor que prestaba servicio de vigilancia en pensiones. Se destapa nueva jugada contractual de la entidad

SEMANA conoció detalles de la convocatoria pública que terminó cambiando la empresa a cargo de verificar los requisitos de los ciudadanos para pensionarse.

10 de julio de 2024

Un nuevo componente se sumó al catálogo de polémicos contratos de Colpensiones durante la administración de Jaime Dussán, compañía que tendrá a cargo un porcentaje de las pensiones de todos los colombianos con la aplicación de la reforma pensional.

SEMANA conoció que la entidad cambió el proveedor al que le había designado la vigilancia en pensiones desde hace varios años para entregarle esa misión a un nuevo ofertante.

Lo particular es que esa tarea la venía realizando Cosinte LTDA, firma que se presentó a la licitación que abrió la entidad a finales de 2023 para seguir con la ejecución de esa misma tarea, pero en un nuevo contrato que se abrió bajo convocatoria pública.

Lo que suscita dudas es que, pese a que esa compañía venía desempeñando esa tarea sin que Colpensiones alertara sobre alguna irregularidad al respecto, en la verificación de requisitos para la nueva licitación fue descartada, asegurando que no cumplía las condiciones suscritas en la convocatoria.

Se trata de un contrato por 14.923 millones de pesos que tiene como objeto revisar que las pensiones que va otorgando la compañía sí cumplan con los requerimientos técnicos. En otras palabras: que los fondos de la entidad se entreguen a los pensionados que sí cumplen con los puntos que exige la empresa para acceder a ese derecho.

El proceso en cuestión comenzó cuando la entidad publicó la Convocatoria Pública número 016 de 2023 con el objeto de “prestar los servicios de investigación administrativa para la validación documental y control pericial al proceso de determinación de obligaciones pensionales a cargo de Colpensiones, a través de mecanismos idóneos y bajo las garantías contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso y demás normas aplicables”.

Es decir, el proceso licitatorio para determinar qué compañía se encargaría de revisar que las pensiones otorgadas por la empresa de participación estatal sí cumplieran con los requisitos técnicos, una misionalidad que tiene el trasfondo de proteger los ahorros que guarda, se definió descartando al candidato que ya tenía conocimiento para ejecutar esa tarea.

A la convocatoria pública se presentaron cuatro empresas de las que dos no obtuvieron puntos (Cosinte LTDA y UT Invespetool) motivo por el que fueron descartadas por Colpensiones bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos.

Las que sí obtuvieron un puntaje fueron JAHV McGregor (100 puntos) y AGS Colombia (99,24 puntos) números por los que la primera de estas terminó quedándose con la convocatoria por una diferencia decimal.

En el documento que comunicó la selección hecha por la entidad a favor de JAHV McGregor aseguraron que Cosinte LTDA incurría en una causal de rechazo, señalándole de que, a juicio de Colpensiones, en el proceso de verificación encontraron que esta podía “incurrir en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar o proponer, establecidas sobre la materia en la legislación colombiana vigente”.

  Jaime Dussán Calderón es el presidente de Colpensiones, pero se la pasa en el Congreso en los debates de las reformas que presenta el Gobierno.
Jaime Dussán Calderón es el presidente de Colpensiones, pero se la pasa en el Congreso en los debates de las reformas que presenta el Gobierno. | Foto: Guillermo Torres

A ese oferente también le señalaron de que el valor de la propuesta podía resultar artificialmente bajo, por lo que aseguraron que podía presentarse un riesgo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Al final del proceso, Colpensiones terminó entregando la vigilancia de las pensiones a un nuevo actor. El resultado de esta convocatoria pública conocida por SEMANA se suma a otras que ha denunciado la revista, como la licitación de vigilancia revocada, el nuevo contrato de arrendamiento que firmó la administración de Jaime Dussán y las irregularidades en el contrato del Contact Center, entre otras movidas sobre las que han publicado alertas diversos congresistas.