Constitucionalistas no dan un peso por la reforma a la salud: pronostican que se caerá en la Corte

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó esta semana, en tiempo récord, la mitad de los artículos de la reforma a la salud de Gustavo Petro, a ojo cerrado, sin tener el aval fiscal y financiero del Ministerio de Hacienda. Distintos sectores políticos y jurídicos insisten en que el Gobierno pierde su tiempo porque debió tramitarse por vía estatutaria, con ocho debates y revisión de legalidad de la Corte Constitucional.

La ponente de la reforma a la salud, Martha Alfonso, quien forma parte de la Alianza Verde, confirmó en uno de los debates que la controvertida iniciativa no cuenta con el aval fiscal y financiero del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. De hecho, el viceministro técnico de salud, Daniel Esteban Osorio, reconfirmó la noticia. ¿Cómo se avanza en la aprobación de un proyecto cuando ni siquiera se sabe cuánto le costará al país?

La oposición y sectores independientes pegaron el grito en el cielo, pues el Congreso estaba firmando una especie de cheque en blanco.

En efecto, exministros de Hacienda consultados por SEMANA, como José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo y Rudolf Hommes, coincidieron en que el proyecto sin ese aval es inconstitucional. La exministra Carolina Corcho intentó defenderlo aduciendo que había presentado un estudio económico y una proyección financiera, pero eso es diferente.

SEMANA conoció que la Corte Constitucional ya ha conceptuado frente al tema. En la Sentencia 075 de 2022, el máximo tribunal tumbó una ley aprobada por el Congreso que pretendía un aumento de honorarios a concejales municipales y el pago de sus aportes a la seguridad social. Según los magistrados, “durante el trámite de expedición de la Ley 2075 de 2021, el Congreso de la República no cumplió con su obligación de analizar el impacto fiscal de la iniciativa”.

Y agregó: “Por el contrario, lo que se evidenció fue que la iniciativa se aprobó en el marco de un ambiente de incertidumbre, no solo con respecto a los costos de las medidas, sino también frente a su fuente de financiación. La Corte halló insatisfecho el cumplimiento del requisito orgánico de considerar el impacto fiscal del proyecto y, con ello, concluyó que la ley cuestionada debía ser declarada inexequible”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le confirmó a SEMANA que el ministro Bonilla espera conocer las últimas modificaciones al proyecto en el Congreso para expedir el certificado oficial.

“Entonces, lo darán con una reforma terminada. Antes de proceder a una votación debería haber un informe. Eso va a poner patas arriba el sistema de salud y la parte financiera será clave. Hay que saber qué consecuencia tiene toda esta locura”, reaccionó el exministro Hommes.

¿Qué busca el Gobierno aplazando la viabilidad fiscal y financiera? ¿Teme que el Congreso conozca los millonarios recursos que requiere implementar la reforma y se arrepienta de votarla?, preguntan los opositores.

El Legislativo es autónomo en decidir si sigue o no avanzando en el estudio y aprobación del proyecto. De hecho, si hasta el momento los representantes no han aprobado los artículos más sensibles, el Gobierno estaría a tiempo de hacerlo y subsanar el vicio. “La Corte Constitucional puede, cuando hace el estudio de constitucionalidad, devolver el proyecto al Congreso para que sanee un vicio”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry.

En realidad, la reforma enfrentará varias demandas, pues se tramitó por vía ordinaria en el Congreso y, a juicio de varios exmagistrados de la Corte Constitucional, debió ser estatutaria.

Uno de ellos, José Gregorio Hernández: “El derecho a la salud es fundamental. Por eso, la reforma, en cuanto afecte el núcleo esencial del derecho a la salud, ha debido ser tramitada como ley estatutaria”. En otras palabras, “el derecho a la salud puede verse afectado de una u otra forma; en eso ha sido muy clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

La discusión ha generado un profundo debate jurídico. El problema, según el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien también cree que el proyecto debió ser estatutario, es que la reforma, tal como avanza, no se podría echar hacia atrás. Conclusión: la Corte, si lo considera, podría declararle su muerte.