El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar con rigor técnico la asignación de esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que la entidad ha desnaturalizado su misión y que el otorgamiento de medidas de seguridad sin justificación representa una carga para las finanzas públicas.
Durante su intervención, el mandatario cuestionó que personas que denuncian amenazas en redes sociales puedan acceder a protección estatal sin que exista un fundamento suficiente. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que su administración no permitirá la continuidad de esquemas de seguridad que no estén debidamente sustentados. “No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario”, manifestó.
El jefe de Estado señaló que la revisión deberá adelantarse de manera técnica y sin decisiones apresuradas, y sostuvo que las personas que realmente necesiten protección seguirán contando con ella, independientemente de su posición política o de si respaldaron electoralmente a su Gobierno.
“Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, indicó.
Sin embargo, el mandatario también pidió acelerar el proceso de desmonte de los esquemas que no cumplan con los requisitos establecidos.
Según explicó, mantiene comunicación diaria con el director de la entidad para hacer seguimiento a las decisiones y garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes realmente los necesitan.
De La Espriella justificó la revisión en el complejo panorama fiscal del país y advirtió que los gastos asociados a la protección deben responder a necesidades comprobadas. “Las finanzas públicas están en su peor momento”, afirmó.
Finalmente, defendió su estilo de gestión y aseguró que las decisiones de su administración estarán orientadas a garantizar la transparencia y la protección de los recursos estatales, incluso si generan críticas.
El presidente insistió en que el objetivo es evitar asignaciones injustificadas sin poner en riesgo la seguridad de quienes enfrentan amenazas reales.