Presidente Gustavo Petro realizó férrea defensa al impuesto saludable: “No es para recoger dinero suyo”

Una ola de críticas ha recibido el Gobierno nacional por el nuevo impuesto que se empezará a cobrar en el país, en el cual algunos sectores políticos han venido advirtiendo que golpeará con fuerza el bolsillo de los ciudadanos.

Sobre las alertas ante las implicaciones al flujo económico de la economía popular, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una férrea defensa al cobro del impuesto, el cual se desprende de la ponencia reforma tributaria de su gobierno.

“Esto no es para recoger dinero suyo, esto es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano”, trinó Petro.

Pocos días después de que Gustavo Petro se posesionara como presidente de Colombia, luego de ganar las elecciones y enfrentarse contra Rodolfo Hernández en las urnas, el mandatario decidió presentar su primer proyecto reformista, con el que buscó garantizar la viabilidad de varios de sus proyectos sociales.

La reforma tributaria aumentó la carga de impuestos a algunos sectores del comercio y también a los consumidores finales.

Entre los nuevos impuestos que el Gobierno estableció para los consumidores colombianos se encuentran dos muy importantes. Estos aumentarían no solo la carga tributaria en los hogares, también afectarían los bolsillos de los hogares más desfavorecidos.

Se trata del nuevo impuesto saludable, que empezaría a gravar varios alimentos y bebidas que los colombianos consumen a diario, dependiendo de sus niveles de azúcar y sodio. Entre estos, se encuentran gaseosas, jugos artificiales y todo tipo de galguerías como papas fritas y ponqués.

Aliste el bolsillo

Es preciso tener en cuenta que este impuesto grava a esos alimentos dependiendo de dos factores principales: el nivel de azúcar o el nivel de sodio presentes en el producto.

Para los alimentos ultraprocesados, el gravamen funcionará de la siguiente forma: el incremento será del 10 % en lo que resta del año, para productos como papas fritas de paquete, galletas, gaseosas, jugos en caja, ponqués y confitería.

Haciendo el cálculo con valores aproximados, un Chocorramo que antes costaba $ 2.400 en tiendas y supermercados pasaría a valer $ 2.640. Aunque no parezca un aumento desmedido, lo cierto es que, si se analizan periodos de tiempo, el valor que pagarían de más los consumidores sería considerablemente alto.

Si una familia antes destinaba $ 12.000 para comprar chocorramos para la lonchera de sus hijos para cinco días de la semana, con el nuevo impuesto deberá pagar $ 13.200. Si se analiza el incremento hasta 2025, los colombianos terminarían pagando $ 15.000 por la misma cantidad de ponqués.

Un paquete de papas fritas medianas o tamaño familiar tiene un costo promedio en supermercados de $ 9.200. Con el nuevo gravamen, ahora valdrían unos $ 10.120.

Lo mismo pasaría con la gaseosa. Sin embargo, para saber el aumento exacto de estas bebidas, primero hay que analizar cuál es el nivel de azúcar de las mismas. El impuesto para estos productos incrementará también hasta 2025.

Para este año, la norma precisa que las bebidas que contengan seis o más gramos de azúcar por cada 100 mililitros tendrán un gravamen de $ 18. En 2024, la cifra será de $ 28, y en 2025 de $ 38.

Si hoy una persona compra a $ 9.500 una Coca-Cola familiar de tres litros, que según la tabla nutricional tiene 11 gramos de azúcar, con el nuevo impuesto empezaría a pagar el mismo producto a $ 10.040, pues el incremento sería de $ 540.

Lo mismo pasa con los productos como los energizantes. Un RedBull, que actualmente cuesta unos $ 7.910, con el nuevo impuesto pasaría a costar en 2025 unos $ 8.024.

Es preciso tener en cuenta que los productos que se comercializan en las calles y en puestos como ventas ambulantes podrían ver un incremento mayor en los precios.

Esto se debe a que muchos de los insumos que utilizan, como grasas y salsas, también se encuentran incluidos en el tributo. Esto significa que el consumidor final podría enfrentar un sobrecosto mayor al que impone el Gobierno, pues los costos logísticos del producto también obligarían al productor a subir los precios.