Sectores económicos y académicos dejaron por el piso el único proyecto de ley que presentó Rodolfo Hernández. ¿Tiene futuro?

El único proyecto de ley que presentó el excandidato presidencial y exsenador Rodolfo Hernández en su fugaz paso por el Capitolio quedó con un futuro bastante comprometido luego de que este miércoles algunos sectores económicos y académicos criticaran duramente la iniciativa.

Las duras críticas se escucharon en medio de una audiencia pública que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado y en la que se escucharon algunas opiniones de expertos e interesados en la iniciativa, las cuales servirán para que los congresistas adopten posiciones sobre la propuesta de Hernández.

El proyecto de ley busca modificar algunos aspectos de la Ley 80 de 1993, es decir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y modificar algunos pasos en los procesos contractuales que se desarrollan en el país.

Una de las voces más críticas fue la de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la cual se pronunció a través de su vicepresidente jurídico, Juan Carlos Quiñónez.

El jurista mencionó varias normas que han venido regulando los procesos de contratación en el país y dijo que “en materia de competencia hemos logrado el cometido de ampliar el principio de selección objetiva a través de los documentos tipo. Seguramente habrá algunas cosas que mejorar en materia de experiencia de los proponentes, pero ese es un asunto que puede manejar perfectamente la Agencia Nacional de Contratación”.

“La posición del gremio de la infraestructura es muy respetuosa y es que nos parece inconveniente, en este momento, tramitar una reforma a la Ley 80. Hay que preservar la seguridad jurídica”, confirmó Quiñónez.

El abogado agregó que, por ejemplo, es “tremendamente inconveniente” el artículo segundo, parágrafo tercero, del proyecto de ley, el cual “menciona que el Gobierno nacional deberá reglamentar una especie de validación previa, con carácter vinculante, para proyectos de infraestructura, incluyendo los contratos de concesión y de asociación público-privada”.

Otra de las voces clave fue la de Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la cual se escuchó a través de Daniela Arias. Este gremio es el principal garante para que los contratos estatales se cumplan, tomando en cuenta las pólizas de aseguramiento que se exigen en este tipo de obras.

Según Arias, “a través de este proyecto de ley se pretende que el sector asegurador garantice o vele por la transparencia, por la probidad, por la honradez de alguien que contrate con el Estado y eso obviamente desnaturaliza el objeto y el rol que tiene el sector asegurador en la contratación estatal”.

“Establecer en este proyecto de ley, como parte de la cobertura del seguro de cumplimiento el riesgo de corrupción, aniquilaría la participación del sector asegurador en la contratación estatal y es el 96 por ciento de las garantías que actualmente se emiten a favor del Estado”, aseguró la delegada de Fasecolda.

Pero algunos académicos y expertos que participaron en la audiencia pública de este miércoles sobre el único proyecto de ley que presentó Rodolfo Hernández también lo atacaron duramente. Para Luis Guillermo Dávila, abogado experto en contratación estatal, “el problema no es de la ley, es de como se aplica”, ante lo cual afirmó que “el texto de la iniciativa llevará a una mayor crisis a la administración pública”.

Y Juan Pablo Estada, abogado experto en derecho público, afirmó que “este proyecto de ley no es la solución a los problemas de corrupción y sería un retroceso a la Ley 80. La iniciativa debe votarse negativamente dada su inconveniencia al generar inseguridad jurídica”.

¿Qué propone el proyecto de Rodolfo Hernández?

La iniciativa fue radicada por el excandidato presidencial el pasado 4 de octubre y busca, según el texto presentado, promover la pluralidad de oferentes y crear herramientas para garantizar el principio de transparencia en los procesos de contratación.

Algunas de las modificaciones propuestas en la iniciativa son que “las entidades estatales cuyo régimen de contratación sea el del derecho privado deberán aplicar los pliegos tipo cuando celebren contratos de obra o interventoría”. Esto, como lo dijo el vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es un tema que sucede con algunas entidades públicas.

También propone crear una “inhabilidad de 5 años para contratar con el Estado cuando una persona natural o jurídica haya sido responsable directa o indirectamente de una figura asociativa por colusión o fraude entre licitantes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

“Se determina que antes de la apertura de un proceso de selección por licitación pública debe verificarse que ya existan estudios en fase de ingeniería de detalle, disponibilidad de los predios, licencias de construcción, licencias ambientales y consultas previas”, es otra de las propuestas del proyecto de ley.

Y, finalmente, se propone ampliar “la aplicación de cláusulas excepcionales a todos los contratos estatales” y se busca prohibir “a las entidades estatales la ejecución de recursos públicos a través de convenios de cooperación internacional”.