Hace seis meses Pedro Pablo Montoya, conocido como Rojas, se instaló en la zona rural del municipio de Manzanares, Caldas y allí compró una finca llamada Villa Fernanda, en donde comenzó a trabajar la tierra y desarrollar un proyecto piscícola como parte de su proceso de resocialización, luego de pagar ocho años de prisión por todos sus delitos, tal como quedó pactado en el proceso de sometimiento de la Ley de Justicia y Paz que promovió el entonces presidente Álvaro Uribe, durante la negociación con los grupos paramilitares.
Pero la reinserción de Montoya a la vida civil se frustró este fin de semana cuando dos hombres armados con pistolas ingresaron hasta la finca que había comprado el exguerrillero y le dispararon ocho veces, causándole la muerte de manera instantánea.
Versiones oficiales señalan que junto a alias Rojas se encontraban su compañera sentimental y dos personas más, quienes solo alcanzaron a observar la huída de los dos hombres encapuchados que cometieron el homicidio.
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El primero en lanzar hipótesis en torno a ese crimen fue el coronel Luis Alberto Gómez Luna, quien explicó que por ahora indagan sobre un problema surgido durante la ejecución del proyecto piscícola, ya que se habrían originado “roces” con algunos vecinos de la comunidad, por la captación del agua.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, dijo a este medio que, debido a la gravedad de ese crimen, no se descartan otras hipótesis como posibles retaliaciones o venganzas, “debemos entender que se trata de un exguerrillero que tenía muchos enemigos”, expresó el funcionario a SEMANA.
Lo que sí intriga a las autoridades es por qué alias Rojas no estaba ese día con el esquema de seguridad que le asignó la Unidad Nacional de Protección, UNP, que consistía en una camioneta blindada y dos escoltas. Estos últimos solo se enteraron de la llegada de Rojas a Manzanares porque la policía les avisó.
Lo que sí intriga a las autoridades es por qué alias Rojas no estaba ese día con el esquema de seguridad que le asignó la Unidad Nacional de Protección, UNP, que consistía en una camioneta blindada y dos escoltas. Estos últimos solo se enteraron de la llegada de Rojas a Manzanares porque la policía les avisó.
Al respecto, una fuente oficial aseguró que esa inquietud se la trasladaron a delegados de la UNP en Caldas y estos explicaron que alias Rojas nunca coordinaba con ellos sus desplazamientos.
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“Aseguraron que hace una semana se había ido para Supía (occidente de Caldas) a visitar unas minas de oro que tiene allá, pero que nunca solicitó que lo acompañaran; que era muy esquivo en pedir protección cuando se movía de la zona y que se enteraron que había llegado a Manzanares porque el comandante de policía llamó a sus escoltas a decirles que el señor Montoya andaba por el pueblo y sin protección”, argumentó la fuente fue la respuesta de la UNP.
Como se recordará, el nombre de alias Rojas se hizo conocer en el país como el guerrillero que mató a su jefe y le cortó la mano como prueba para desmovilizarse y cobrar la recompensa que para la época ofrecía el gobierno Uribe por los jefes de las Farc. La víctima de esa maniobra criminal de alias Rojas fue Iván Ríos, comandante del frente José María Córdoba de esa guerrilla y miembro del secretariado de las Farc.
Ese plan lo ejecutó en 2008 y se entregó a uno de los batallones de la Octava Brigada del ejército con sede en Armenia, Quindío. Para entonces alias Rojas era el encargado de la seguridad personal de Iván Ríos y al momento de su desmovilización argumentó que tomó la decisión porque su frente guerrillero se hallaba rodeado por la presión que el ejército mantenía entre Caldas y Antioquia y que ello hizo que se les acabaran los suministros y estaban incomunicados.
La recompensa
La historia de alias Rojas y su polémica desmovilización con la mano cercenada de su comandante Iván Ríos fue motivo de una polémica nacional por cuenta de la recompensa que reclamaba el exsubversivo.
El debate se centró en torno a si se debía pagar o no ese estímulo económico por el asesinato de un jefe guerrillero. Inicialmente alias Rojas exigía la suma de 5.000 millones de pesos, aunque para entonces oficialmente se hablaba de una recompensa de 4.200 millones de pesos.
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Finalmente, el Ministerio de Defensa le reconoció en 2008 el pago de una recompensa por 2.500 millones de pesos, pero esa suma le fue embargada porque sobre alias Rojas recaían condenas con sus respectivas indemnizaciones por dos secuestros en Pácora y Chinchiná, Caldas, en diciembre de 2001 cuando era miembro del Frente 47 de las Farc.
Lo cierto es que en 2015 alias Rojas fue condenado a 18 años de prisión por el crimen de Iván Ríos, y ese mismo año surgió otra condena de 40 años por distintos delitos que cometió siendo guerrillero. Pero al final solo purgó ocho años en la cárcel de Valledupar, gracias a los beneficios de los que gozó con la ley de Justicia y Paz a la que se sometió.