El Consejo de Estado anuló el decreto número 0102-04-2010, con el cual la Gobernación del Cauca excluyó de la lista de instituciones oficiales a 32 colegios donde estudia población indígena. El tribunal consideró que el mecanismo de consulta previa con las comunidades no se agotó.
En 2009, el Consejo de Estado determinó qué instituciones harían parte del sistema educativo oficial en el departamento. Previa concertación con el Consejo Regional Indígena (CRIC), incluyó en el esquema las instituciones enfocadas en la preservación, reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas.
Al año siguiente, la Gobernación del Cauca modificó ese acto administrativo, argumentando que sólo se trataba de una corrección y no era necesaria una consulta previa. Sin embargo, el Consejo determinó que no es una corrección porque incide en la determinación de las instituciones educativas ubicadas en territorios indígenas, al excluir parcialmente a algunas de ellas.
El tribunal revocó la decisión de la gobernación por considerar que, antes de excluir del listado a estas instituciones, era necesario agotar el procedimiento de consulta previa, que obliga a las autoridades departamentales a dialogar con las comunidades indígenas antes de tomar una determinación que las afecte, como en este caso.
La alta corte recordó que el enfoque territorial no es el único criterio para confirmar o desvirtuar la presencia de grupos indígenas o raizales. Es necesario respetar su cosmogonía, sus creencias y prácticas culturales, todas relaciones con el territorio.