Sigue deslizamiento de salpicados por ‘parapolítica’ hacia la justicia ordinaria

Menos de dos meses después de entregarse a la justicia, que lo requería por su vinculación al escándalo de la ‘parapolítica’, el senador cordobés Miguel de la Espriella acaba de acudir a una jugada jurídica para evitar que la Corte Suprema de Justicia lo condene por concierto para delinquir en asocio con grupos paramilitares: Decidió renunciar a su condición de congresista con el fin de regresar a su estatus de ciudadano sin fuero especial para que su caso pase a manos de la Fiscalía.

La jugada de De la Espriella no sorprendió a nadie. Es más, muchos analistas esperaban que lo hiciera antes y por los pasillos del Congreso se especula que otros de los vinculados al proceso escogerán la misma vía para buscar un futuro menos desalentador que el que pareciera esperarles en la Corte. Antes que él también buscaron la vía de la justicia ordinaria los legisladores Jairo Merlano, Alfonso Campo y Álvaro Araujo. Todos argumentan lo mismo: Que la Corte les violó el debido proceso, que no existen las debidas garantías para ellos en los procesos de única instancia y que no está bien que el mismo tribunal sea quien investiga acusa y juzga.

Pero las medidas “de precaución” de los congresistas también pusieron a pensar a los operadores de justicia, quienes desde la primera solicitud de renuncia al fuero (la de Jairo Merlano) advirtieron en voz baja que el ejemplo podría ser seguido por otros de los implicados para burlar la labor investigadora de la Corte.

Que las personas acusadas de un delito busquen la forma de defenderse y obtener los mayores beneficios ante la justicia es legítimo. Judicialmente hablando no están incurriendo en delito alguno al buscar el cambio de escenario para su defensa. Pero en materia política comienzan a preocupar algunas de sus consecuencias.

El que el 30% de los congresistas vinculados por la Corte prefiera dimitir a la condición de congresista antes que ser investigado por la Corte no sólo dice mucho sobre la firmeza del alto tribunal a la hora de la aplicación de justicia, sino que despierta suspicacias en torno a la eventualidad de una burla a la justicia por parte de los sindicados.

Si la normatividad penal contempló un escenario especial para el juzgamiento de los congresistas de acuerdo con su alto estatus en la vida pública nacional, no es muy bien visto que renuncien a esa condición para buscar mayores beneficios en un escenario distinto. A juicio de algunos legisladores eso sería tanto como aprovecharse de la justicia en el entendido de que se usa lo que conviene de un sistema pero se desecha lo que no es tan favorable.

De momento los implicados sostienen que la renuncia a ser juzgados por la Corte obedece más a que el tribunal “ignora el contexto en que se dieron sus acercamientos con los jefes de autodefensas” y niegan que sea producto de una estrategia conjunta de defensa. Cuando Merlano renunció al fuero se habló sobre la posibilidad de que los otros dos congresistas capturados hasta ese momento (Erick Morris y Álvaro García) hicieran lo propio, pero estos siguieron con sus procesos en la Corte, que hace dos días los llamó a juicio. Entre tanto el proceso de Merlano, investigado por los mismos hechos que ellos, pasó a manos de la Fiscalía. El ente investigador debe determinar si le da la misma valoración que la Corte a los testimonios recaudados en contra del senador sucreño. Similar situación ocurre con Campo y Araujo, hijo del prófugo ex ministro del mismo nombre.

El interés de De la Espriella

Después de destapar la caja de Pandora sobre el acuerdo de Ralito y contarle al país que muchos congresistas de la Costa se reunieron con los paramilitares, De la Espriella quiere que sea la Fiscalía la que lo investigue. Su impulso para contar lo que ocurrió en la cuestionada cita entre cuatro jefes paras y 28 políticos regionales (varios de ellos congresistas y exgobernadores) se le acabó el día que reveló que la reunión fue en junio de 2001. Fue el propio Salvatore Mancuso quien complementó los datos en diciembre pasado, dio los nombres de los asistentes y lo puso en aprietos al revelar que De la Espriella también firmó el “acuerdo para refundar la Patria”.

Al estar en receso el Senado, la solicitud de renuncia del congresista debe ser estudiada por la mesa directiva de la corporación, dado que los congresistas están en receso hasta el 20 de julio. Dicha mesa está integrada por el liberal oficialista Camilo Sánchez y los uribistas Dilian Francisca Toro (presidenta), Plinio Olano (Vicepresidente) y Emilio Otero, secretario. Este último proviene además del mismo departamento que De la Espriella y otros de los congresistas presos por el escándalo: Córdoba.

Mientras los otros ocho congresistas presos (y Jorge Caballero, el que está huyendo de la justicia) estudian la posibilidad de renunciar también a su curul, la Corte sigue preocupada por la gambeta jurídica y algunos analistas comienza a hacerse una pregunta. ¿Será que la Fiscalía -que ya expresó sus dificultades humanas y presupuestales para sacar adelante la avalancha investigativa de la ley de justicia y paz- tiene cómo echarse al hombro los procesos de los senadores y representantes en caso de una renuncia masiva a su condición de congresistas?