“En Colombia los campesinos se han invisibilizado”

El ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’ en Colombia, firmado el año pasado en La Habana, tiene como primer punto la Reforma Rural Integral. La propuesta asienta las bases para transformar la estructura del campo colombiano, reorganizando la distribución de tierras en el país y fomentando el desarrollo rural y económico. La página web de la oficina del Alto Comisionado para la Paz resume el punto así: “busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria”.

En el fondo, el punto aborda un eje histórico del conflicto y la violencia en Colombia: la tierra. La concentración de dominios en manos de pocos, el abandono económico y la violación del derecho a la propiedad, combinada con las dinámicas del narcotráfico, guerrilla y otros actores ilegales han complicado un problema arraigado en la sociedad colombiana.

Hablamos con el sociólogo y periodista Alfredo Molano sobre los orígenes del dilema, y con la doctora en historia y socióloga Rocío Londoño sobre una posible solución. Reproducimos a continuación sus respuestas. 

Alfredo Molano: el problema histórico de la tierra

Primero, la Conquista española fue una invasión y un despojo masivo de tierras, con una ocupación que destrozó las culturas indígenas. Luego en el régimen de la encomienda y la mita terminaron por apropiarse de más tierras y limitando quienes podían tener propiedad. Después, durante todo el siglo XIX, con todas de guerras civiles, el que gana la guerra gana tierra cuando expropia al enemigo. Además en ese siglo se avanzan las reformas liberales que liberan las tierras de la Iglesia, que tenían una concentración fuerte de propiedades, las cuales acaban en manos de los hacendados y los comerciantes. Las dos cosas contribuyen a la monopolización de las tierras.

Durante el siglo XX, persistentes problemas en tierras sometidas al arrendamiento, pobladas de la mano de obra atada a las haciendas, y el alza de precios de café luego de la Primera Guerra Mundial lleva a una rebelión de esos campesinos contra los monopolios y sistemas masivos de producción agropecuaria. En los años veinte y treinta hubo un conflicto agrario muy poderoso en todas la regiones pero especialmente en las cafeteras. Las grandes haciendas se fueron arruinando y se instala una economía cafetera de pequeña y mediana producción, pero a su vez el negocio quedó en manos de la Federación de Cafeteros. Entonces aunque de cierto modo se dio tierra a los campesinos, monopolizaron la comercialización, exportación, etc.

A raíz de La Violencia (1948-1958) y el Frente Nacional (1958-1974) tuvo lugar otro proceso masivo de despojo y concentración de tierras. En 1966 asumió Carlos Lleras la presidencia y creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) mientras que el Incora presentó una campaña para convertir en propietarios a arrendatarios y parecelarios. Esto tuvo el efecto de empeorar las luchas entre los campesinos pobres y los grandes terratenientes. Los campesinos seguían sin poder acceder fácilmente a la titulación de tierras y los esfuerzos se acabaron con el Pacto de Chicoral en 1972, que acabó el empuje por una reforma agraria. La concentración se acelera y eso ayuda el avance de las guerrillas porque el despojo de tierras fomenta la presencia de grupos como el ELN y las FARC.

^{El campo llanero.}

Los campesinos vivían siempre al borde de la quiebra, o hasta en bancarrota permanente. Para producir y cultivar entraban en deudas con comerciantes, y el único respaldo que tenían eran las tierras. Las acababan entregando y con ellas se hacían haciendas, ganaderas sobre todo, y los campesinos tienen que ser colonos y buscar nuevas tierras. Esa ampliación de la frontera agrícola lleva consigo la presencia de la guerrilla, porque no había estado en esas zonas. Son lugares donde los actores armados tienen monopolio sobre la autoridad, las armas y la justicia.

Cuando llega la coca, ese problema de la bancarrota y la crisis del campesino se resolvió porque por fin tenían un precio seguro para sus productos, un mercado seguro y el transporte, antes muy complicado, se resuelve. Mover la coca es más fácil que mover una tonelada de maíz. Eso también ayuda a la guerrilla porque son una autoridad que puede reglamentar una economía ilegal. Por consecuencia fomenta el conflicto, porque aparecen los paramilitares financiados por ganaderos, otros comerciantes y narcotraficantes que objetan a ese control guerrillero sobre el cultivo.

El acuerdo de La Habana lo que protege es la economía familiar campesina, para preservar la unidad social del campo y su ambiente, mientras fortalece su producción para competir en mercados abiertos. Para eso necesitan apoyo en términos de titulación y créditos. El gran peligro son los tratados de libre comercio, por lo tanto tienen que evadir esos intermediarios y generar un vínculo entre productor y consumidor más directo. Significa para la privatización y los monopolios de alimentos y abrir de nuevo las plazas de las ciudades como lugares abiertos a compra venta directa.

Todo esto puede desatar conflicto y es lo que se está viendo, en la respuesta política agresiva de la derecha y los terratenientes vinculados la idea de “hacer trizas” los acuerdos. Es muy peligroso, porque haría trizas también a los que lo defienden el acuerdo, señala una nueva y posible violencia. Pero las Farc no vuelven a las armas nunca. Podrán aparecer otros actores armados que se desprendan de ellos, pero como organización no vuelve. Va pelear políticamente donde puede.

Rocío Londoño: el futuro del campo

Lo que está en discusión ahora es el proyecto de ley del gobierno que trata con la propiedad social de la tierra. El decreto tiene la pretensión de aterrizar el acuerdo agrario en lo que respecta la Reforma Rural Integral y establecer una nueva normatividad para resolver los antiguos problemas de arraigo a las tierras. La discusión gira en torno a las fórmulas que están presentando.

Sin embargo, se cree que solo existe el problema eterno de latifundio pero las cosas cambian y conflictos rurales del siglo XX no son los mismos de los de ahora. Todavía hay una inequidad en el acceso y el manejo, pocos tienen mucho y muchos tienen poco, pero ha ido en aumento la mediana propiedad. Ya no se puede hablar de una estructura bimodal de latifundio y minifundio sino multimodal, existen por ejemplo resguardos indígenas, propiedades de comunidades negras y los mismos medianos propietarios. En este momento el Estado ha repartido y restituido mucha tierra, formando más de 500 mil terrenos pequeño y medios. Entonces la pregunta de ahora es más bien qué ha pasado con esa tierra.

Tenemos que tomar en cuenta la realidad del país, como los cambios en la población rural misma. Pasamos por lo que han pasado muchos país con la reducción de vida rural. En Colombia ha sido menos drástica pero se ve un cambio en las mismas familias campesinas, en especial con la educación de los hijos, que quieren dejar el campo pero tienen pocas opciones. Hay una idea romántica de que se puede parar la migración a las ciudades y generar una economía campesina robusta pero a pesar de que si puede ser muy productiva hay que asumir el cambio, la modernización y la incorporación de la tecnología, lo cual requiere menos gente.

^{Campesinos colombianos en tierras restituidas. Foto: Esteban Vega La-Rotta / Semana.} 

Algunos de estos cambios son debidos al conflicto, que tuvo efectos muy drásticos en abandono o el despojo de tierras. Debo señalar que en Colombia históricamente, no solo debido a la guerrilla, ha habido una altísima vulneración de derechos de propiedad. Se da en todos los niveles pero especialmente en los de más abajo porque son personas que no tienen recursos, no tienen abogados y tienen menos educación. Lo que hizo el conflicto fue potenciar esa vulneración. Hay que pensar cómo se hace para que se respeten derechos de propiedad en todos los ámbitos.

Otra de las trabas del modelo agrícola de Colombia es el deterioro de inversión estatal en el campo. Le hemos dado la espalda a pesar de que la ciudad depende de los insumos del campo. Los campesinos se han invisibilizado y hay una despreocupación por ellos que hemos pagado caro. Ahora con el acuerdo hay esperanza que haya un ritmo de inversión elevado y no solo suba la productividad sino disminuya la brecha entre campo y ciudad. Fuera de la distribución desigual de tierra, que se debe resolver, se requiere infraestructura, salud y educación. La tierra no basta, los campesinos tienen que tener acceso a bienes públicos, si no el campo nunca saldrá de la pobreza.

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