En Colombia, el maltrato animal dejó de ser un asunto menor para convertirse en un delito sancionado por la ley. Acciones como atropellar a un animal y no prestarle ayuda, o abandonarlo a su suerte, podrían acarrear consecuencias penales y económicas.
Se trata de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, que no solo reconoce la gravedad del maltrato, sino que establece castigos concretos para quienes causen daño, abandonen o ejerzan actos de crueldad.
Las sanciones pueden incluir penas de prisión de hasta tres años, así como multas económicas que varían según la gravedad del caso y las condiciones en las que ocurrieron los hechos.
El alcance de la ley también cobija a los propietarios de mascotas, quienes tienen la obligación de garantizar su cuidado y protección. En ese sentido, el abandono es considerado una falta grave que podría derivar en consecuencias legales y sanciones.
Con estas medidas, el Estado busca promover una cultura basada en el respeto hacia los animales, fomentando la responsabilidad en su tenencia y desincentivando conductas negligentes o violentas.
Además, la legislación enfatiza que los animales no deben ser tratados como objetos, sino como seres capaces de sentir dolor y sufrimiento, lo que justifica su protección especial frente a cualquier forma de maltrato, ya sea directa o indirecta. Bajo este principio, establecen procedimientos sancionatorios, tanto en el ámbito policial como judicial, con el fin de investigar y castigar conductas que vulneren su integridad.
El cuidado de las mascotas implica mucho más que brindarles comida o un lugar donde vivir. Se trata de garantizar su bienestar integral, incluyendo su salud física, estabilidad emocional y condiciones adecuadas de convivencia.
Animales como perros, gatos u otras especies domésticas dependen completamente de sus cuidadores para desarrollarse de manera sana y equilibrada, por lo que su atención requiere compromiso, tiempo y responsabilidad permanente.
¿Cuáles son las multas por maltrato animal?
La Ley 1774 de 2016 contempla sanciones económicas para aquellos actos de crueldad que, aunque no provoquen la muerte del animal ni lesiones de extrema gravedad, sí afecten su bienestar. En estos casos, los responsables podrían enfrentar multas que oscilan entre 5 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como una forma de castigar conductas que generan sufrimiento y de prevenir su repetición.
Sin embargo, cuando las acciones derivan en la muerte del animal o en daños severos a su salud física o emocional, la ley establece consecuencias más estrictas. Estas incluyen penas de prisión que van de 12 a 36 meses, así como la inhabilidad temporal —de uno a tres años— para ejercer actividades relacionadas con animales.
Además, se imponen multas que pueden alcanzar hasta los 60 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del caso y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Las sanciones podrían incrementarse considerablemente si se presentan factores agravantes, como actos cometidos con extrema crueldad, en espacios públicos o utilizando a menores de edad.
También se endurecen cuando hay conductas de abuso sexual contra animales o si el responsable es un funcionario público. En ciertos casos, las autoridades podrían ordenar el decomiso del animal afectado y exigir al infractor cubrir los costos necesarios para su protección, reforzando así las medidas destinadas a salvaguardar su integridad.