El Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que crea un delito específico para castigar el abuso sexual contra animales en Colombia. La iniciativa, liderada por los senadores Iván Cepeda y Esmeralda Hernández, quedó lista para convertirse en ley de la República una vez reciba la sanción presidencial.
La norma establece que cualquier persona que acceda carnalmente a un animal podrá ser condenada a penas de entre 48 y 55 meses de prisión, además de multas económicas, inhabilidades para ejercer actividades relacionadas con animales y la prohibición de adquirir, tener o cuidar animales.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva legislación es que crea un tipo penal autónomo para este delito, algo que no existía en el Código Penal colombiano.
Según sus promotores, esto permitirá que las autoridades investiguen y judicialicen de manera efectiva estos casos, que hasta ahora enfrentaban vacíos legales y, en muchos casos, terminaban en la impunidad.
La ley también contempla agravantes que aumentarán las penas. Entre ellos se encuentran que el hecho ocurra en espacios públicos, que sea grabado con fines pornográficos, que el animal muera como consecuencia de la agresión o que participen varias personas en el delito. En algunos escenarios, la condena podría alcanzar hasta los 10 años de prisión.
Tras la aprobación, Iván Cepeda aseguró que la decisión envía un mensaje contundente contra cualquier forma de violencia hacia los animales.
Por su parte, Esmeralda Hernández afirmó que no se puede seguir normalizando este tipo de conductas y advirtió que cientos de animales en el país siguen siendo víctimas de abusos sexuales que muchas veces terminan causándoles la muerte.
La congresista también sostuvo que existen estudios que relacionan algunos casos de violencia sexual contra menores con antecedentes de abuso hacia animales, razón por la que considera que esta ley también representa una herramienta de prevención frente a otras formas de violencia.
Con la aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto culminó su trámite en el Congreso y ahora solo resta la sanción presidencial para que entre oficialmente en vigencia en todo el país.