La Sala Diecinueve de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado negó la demanda que el estudiante de derecho, Samuel Ortiz, presentó contra el representante a la Cámara, David Racero, por supuesto tráfico de influencias.
El demandante argumentó que el congresista del Pacto Histórico debía perder su puesto en la Cámara de Representantes, por las supuestas gestiones que habría realizado con el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, para quedarse con una sudbirreción de esa entidad en el César, con el objetivo de direccionar contratos de prestación de servicios a favor de terceros.
Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que “la coincidencia temporal entre la celebración del contrato y el ejercicio del cargo como congresista; y el presunto parentesco entre el demandado y uno de los contratistas, de ningún modo permiten inferir, con el grado de certeza requerido, la configuración del tráfico de influencias como causal de pérdida de investidura, dado que no se demostró una intervención del congresista en la contratación cuestionada”.
El alto tribunal terminó negando la solicitud de pérdida de investidura contra Racero, quien en sus redes sociales celebró la decisión y manifestó que “seguiré siendo prudente al momento de expresarme abiertamente mientras surten los procesos judiciales”.