Colombia dio un paso en materia de trazabilidad y protección ambiental con la aprobación de la Ley 2585 de 2026, conocida como Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, una norma que permitirá identificar el origen de la carne y conocer si su producción estuvo asociada a procesos de deforestación.
La medida busca aumentar la transparencia dentro de una actividad económica que durante años ha sido señalada como uno de los principales motores de pérdida de bosque en la Amazonía colombiana.
Según datos citados por Greenpeace Colombia, entre 2016 y 2023 ingresaron en promedio 242.000 bovinos a los tres municipios con mayores niveles de deforestación del país: Caquetá, Meta y Guaviare. Durante ese periodo, el inventario ganadero creció en 1,7 millones de animales y se perdieron más de 495.000 hectáreas de bosque en municipios del arco amazónico.
La nueva normativa permitirá conectar sistemas de información del sector agropecuario, ambiental y catastral para rastrear el origen de la producción ganadera y ofrecer mayor información sobre la cadena de suministro. Además, establece obligaciones para actores como frigoríficos y supermercados en materia de trazabilidad y reporte de información.
El tema tiene una dimensión económica relevante. Colombia destina cerca de 14 millones de hectáreas a la ganadería, aunque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha señalado que solo 2,7 millones de hectáreas cuentan con vocación adecuada para esta actividad.
Para expertos, una mejor trazabilidad podría contribuir a promover modelos productivos más eficientes y sostenibles, especialmente en regiones sensibles desde el punto de vista ambiental.
Desde Greenpeace destacaron que la aprobación representa un avance para que consumidores, autoridades y empresas puedan conocer con mayor claridad el origen de los productos que llegan al mercado.
Sin embargo, la organización advirtió que el verdadero desafío estará en la implementación efectiva de la norma, la disponibilidad pública de la información y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diferentes actores de la cadena productiva.
Por ello, además de sus implicaciones ambientales, la medida podría convertirse en una herramienta para fortalecer la competitividad del sector ganadero colombiano en los próximos años.