Colombia se convirtió en el país con la electricidad más costosa de América Latina. Según un estudio presentado en el Energy Master Summit, en Bogotá, la tarifa promedio alcanza los USD 0,200 por kilovatio hora (kWh), superando a Perú (USD 0,175), Chile (USD 0,148), México (USD 0,132) y Argentina (USD 0,095). Incluso está por encima de Estados Unidos, donde el costo industrial se ubica en USD 0,135/kWh.
En la última década, el precio en pesos de la energía en Colombia aumentó el 68 %, pasando de $465 a $780 por kWh, una brecha que impacta directamente en los costos de producción de las empresas y en las facturas de los hogares. Para sectores industriales como el textil, pagar hasta un 35 % más que un competidor en Chile puede definir su permanencia en el mercado internacional.
El informe señala que el encarecimiento obedece a una “tormenta perfecta”: fenómenos climáticos como El Niño, que reducen la capacidad de los embalses, mayor dependencia de plantas térmicas que operan con combustibles fósiles, importaciones crecientes de gas y retrasos en proyectos de energías renovables. Actualmente, más de 80 iniciativas solares y eólicas en La Guajira no han podido conectarse al sistema por falta de infraestructura de transmisión.
La situación también genera preocupación en materia de seguridad energética. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el país cuenta con apenas 6,1 años de reservas probadas de gas, lo que obligaría a depender de importaciones en menos de una década si no se avanza en nuevas exploraciones.
El estudio advierte que las empresas no pueden esperar únicamente soluciones estatales. Recomienda medidas como eficiencia energética, autogeneración solar y almacenamiento con baterías para mitigar los sobrecostos y reducir la vulnerabilidad.
Mientras países como Chile, México y Argentina han logrado diversificar sus matrices y atraer miles de millones de dólares en inversión limpia, Colombia enfrenta procesos sociales que frenan la transición. La falta de acuerdos con comunidades y la ausencia de una estrategia clara ponen en riesgo la competitividad y la soberanía energética en los próximos años.