La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó la sanción impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Coltel), operador de Movistar, por incumplir su obligación de entregar información requerida por la entidad, luego de resolver el recurso de reposición presentado por el operador contra la Resolución CRC 8166 de 2026.
La decisión fue anunciada este 12 de junio de 2026 por la autoridad regulatoria, que ratificó la multa equivalente a 1.920,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025, correspondiente a un valor de 2.733 millones de pesos.
Según explicó la CRC, la actuación se fundamenta en las facultades otorgadas por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, que permiten a la entidad solicitar información a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, así como a los operadores de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, para el ejercicio de sus funciones regulatorias.
La Comisión señaló que la obligación de reportar información no constituye un trámite administrativo de carácter meramente formal. “La información no es un requisito accesorio ni una carga formal; es la base mínima para que el regulador pueda supervisar, analizar y tomar decisiones en defensa del interés público, la competencia y los usuarios”, indicó la entidad en el comunicado.
De acuerdo con la CRC, la disponibilidad de información “completa, veraz y oportuna” es necesaria para supervisar los mercados, identificar riesgos, evaluar las condiciones de competencia y adoptar medidas regulatorias orientadas a la protección de los usuarios.
Tras analizar los argumentos expuestos por COLTEL, la entidad concluyó que las decisiones adoptadas en la Resolución CRC 8166 de 2026 se ajustan a derecho y decidió mantener íntegramente la sanción. En ese sentido, indicó que la conducta de la empresa fue considerada “materialmente antijurídica” y que el operador actuó con conocimiento de la obligación legal de suministrar la información requerida.
La Comisión también reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de supervisión y regulación en el sector de las comunicaciones. Según la entidad, el propósito es fortalecer la transparencia y garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados.
En el comunicado, el comisionado y director ejecutivo de la CRC, Felipe Díaz Suaza, afirmó que “la regulación no puede hacerse a oscuras, ni el Estado puede supervisar un sector estratégico con información incompleta, tardía o fragmentada”.
Agregó que “la entrega de información amplia, exacta, veraz y oportuna no es una cortesía del regulado ni un trámite menor, es una obligación legal y una condición mínima de responsabilidad frente al país”.
La CRC concluyó que mantendrá el ejercicio de sus competencias regulatorias con el fin de garantizar condiciones de supervisión y toma de decisiones basadas en información suficiente y oportuna.