En la mañana de este 29 de mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, anunció una sanción en contra de Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC, más conocida como Movistar, por un valor de $ 1.358.672.968, tras vulnerar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones.
La decisión se dio tras las denuncias que se presentaron por distintos usuarios que manifestaron haber sido víctimas de fraude, luego de que dejaron de recibir señal en su equipo móvil y —al comunicarse con su operador— se les informó que se había realizado una reposición de SIM card.
La situación desencadenó que, tras la reposición fraudulenta de su SIM, el usuario perdiera el dominio de su número celular, dando lugar a transacciones en sus cuentas bancarias.
“Esta conducta es denominada SIM Swapping y pese a que no la ejecuta el operador, sí existen protocolos de seguridad que deben ser implementados por ellos para evitar que se configuren este tipo de fraudes”, indicó la SIC.
Tras esta situación, la SIC investigó si Movistar había adoptado mecanismos de seguridad idóneos para validar la titularidad de las personas que solicitaron la reposición de las SIM, con lo que se concluyó que Movistar omitió usar los mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad en los trámites de reposición de SIM, con el fin de prevenir actuaciones fraudulentas o accesos no autorizados sobre las líneas móviles de los usuarios.
Adicional a ello, evidenciaron que el operador no explicó ni acreditó de manera suficiente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las PQR relacionadas con dichas reposiciones, pese a que los usuarios manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares.
Al detectar estas dos conductas, la SIC decidió impartir una orden administrativa para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición, para prevenir afectaciones a los usuarios y reducir el riesgo de accesos no autorizados a la líneas móviles y a los servicios asociados a estas.
