Cada vez que llega un Mundial de fútbol, en muchas oficinas colombianas aparece una tradición, la popular “polla”. Se trata de una dinámica en la que los participantes aportan una suma de dinero y hacen pronósticos sobre los resultados de los partidos, con la expectativa de que quien más acierte se lleve el premio acumulado.
En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por la Ley 643 de 2001, norma que establece que la explotación y operación de este tipo de actividades está sometida al control del Estado. La legislación busca garantizar que los recursos derivados de estos juegos contribuyan al financiamiento del sistema de salud y que se desarrollen bajo reglas claras y autorizadas.
Sin embargo, las normativas del país suelen diferenciar entre las grandes actividades organizadas con fines comerciales y los acuerdos informales entre particulares.
Una polla realizada entre compañeros de trabajo, de manera ocasional, sin ánimo empresarial y con un número reducido de participantes, generalmente no suele ser objeto de vigilancia o sanción por parte de las autoridades.
El escenario cambia cuando la actividad adquiere una dimensión más amplia. Si una persona organiza apuestas de manera permanente, recauda dinero de múltiples participantes o busca obtener ganancias como intermediario, podría entrar en el terreno de los juegos de suerte y azar regulados por el Estado. En esos casos, sí podrían requerirse autorizaciones específicas y el cumplimiento de obligaciones legales.
También hay otro aspecto a tener en cuenta: las políticas internas de cada empresa. Aunque una ‘polla’ informal no necesariamente constituya una conducta ilegal, algunas compañías cuentan con reglamentos que limitan o prohíben actividades relacionadas con apuestas durante la jornada laboral.
Esto ocurre especialmente en organizaciones que buscan evitar conflictos entre empleados o distracciones que afecten la productividad.
Además, el uso de correos corporativos, recursos de la empresa o canales institucionales para promover este tipo de actividades podría generar observaciones por parte de los empleadores, incluso si la dinámica se desarrolla entre compañeros de manera voluntaria.
En los últimos años, las autoridades colombianas han endurecido su posición frente a rifas y sorteos no autorizados, especialmente aquellos que se promocionan masivamente a través de redes sociales o plataformas digitales.
Casos recientes han puesto sobre la mesa la importancia de distinguir entre actividades privadas y operaciones que, por su alcance económico, pueden ser consideradas juegos de azar sujetos a regulación.