Los gremios del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia manifestaron su preocupación por el impacto que, aseguran, están teniendo algunas decisiones y actuaciones del Gobierno Nacional sobre la actividad económica y laboral de esta industria, que reúne a cerca de 400.000 trabajadores en el país.
A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que el sector representa el 1,13 % del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza alrededor de 21 billones de pesos al año y concentra el 4 % del empleo formal nacional.
En el documento, los gremios reiteraron su respaldo a los principios constitucionales y al marco institucional del país. “Reafirmamos nuestro compromiso con la Constitución Política, el Estado Social de Derecho, la economía de mercado, la libre empresa, la propiedad privada y la seguridad jurídica”, indicaron.
Las organizaciones sostuvieron que existen decisiones gubernamentales que han generado dificultades para la operación de las empresas y el desarrollo de las actividades de los trabajadores. Entre los aspectos señalados se encuentran los retrasos en los procesos de acreditación del personal de vigilancia.
Según el comunicado, “una parálisis institucional impide a miles de trabajadores obtener sus acreditaciones en tiempos razonables”. Los gremios afirmaron que el tiempo promedio de respuesta para estos trámites alcanza los 391 días y que algunos casos han tardado hasta 1.348 días.
Asimismo, cuestionaron dos medidas recientes relacionadas con el sector: una calculadora salarial y una modificación de la estructura tarifaria.
De acuerdo con las organizaciones, ambas decisiones fueron adoptadas “sin socialización previa” y presentan “deficiencias técnicas” que, a su juicio, afectan la estabilidad de las empresas y de los trabajadores vinculados a la actividad.
Los gremios también advirtieron sobre las posibles consecuencias laborales de estas situaciones. Indicaron que el sector emplea a más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años, más de 112.000 personas mayores de 45 años y cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar.
En ese sentido, señalaron que una eventual reducción de la actividad formal podría incrementar los riesgos de informalidad.
“Cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías para nadie”, expresaron.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado para que las decisiones de política pública relacionadas con la actividad sean adoptadas con criterios técnicos y dentro de los principios que, según afirmaron, sustentan el Estado social de derecho.
“Somos un sector legal. Defendemos la democracia, las instituciones y el trabajo digno”, concluye el comunicado.