Los gremios del sector de la vigilancia y seguridad privada de Colombia informaron a la ciudadanía y a los usuarios de este tipo de servicios que las tarifas que los rigen son reguladas por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 356 de 1994, el Decreto 4950 de 2007 y demás normas vigentes.
Por ello, la fijación de las tarifas mínimas no corresponde a decisiones empresariales, sino a disposiciones legales específicas que garantizan el cumplimiento de derechos laborales y la sostenibilidad del servicio. En función de estas normativas, la tarifa ha tenido un ajuste aproximado del 26 por ciento con respecto al año anterior. Esta decisión se fundamenta en:
- Disminución de la jornada laboral (Ley 2101 de 2021).
- Reforma laboral (Ley 2466 de 2025), que ordena la actualización tarifaria para cubrir las modificaciones laborales.
- Incremento del salario mínimo legal mensual vigente en un 23 por ciento (Decreto 1469 de 2025).
Es importante destacar que el servicio de vigilancia opera 24 horas al día, con modelos de turnos que requieren de personal adicional para cubrir descansos, incapacidades, vacaciones y supervisión. Además, la tarifa regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada incluye salarios, prestaciones sociales, recargos nocturnos, costos operativos y obligaciones tributarias, que aseguran la formalidad laboral en el sector.
Los márgenes de utilidad del sector son limitados y regulados, no superan el 4 por ciento, información que le consta a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la documentación que las empresas están obligadas a compartir. Cabe destacar también que las empresas contribuyen al sostenimiento de esta Superintendencia mediante aportes establecidos por ley.
Impacto en la seguridad
Si por efecto del incremento tarifario los usuarios reducen o eliminan la contratación de servicios de vigilancia privada, se genera un riesgo significativo para la seguridad en el país. Menos guardas en los lugares que hoy cuentan con estas medidas de protección pueden propiciar escenarios de mayor inseguridad.
El número de guardas asignados en cada puesto está directamente relacionado con los niveles de riesgo determinados por estudios técnicos y son realizados por expertos acreditados por la misma Superintendencia, los cuales ya contemplan el uso de medios tecnológicos. A lo anterior se deben sumar los efectos negativos en las tasas de empleo y en la formalidad del sector.
Esta apreciación toma especial relevancia en los servicios de seguridad privada que atienden edificios, condominios y conjuntos residenciales a nivel nacional. Se estima que entre el 55 y 60 por ciento de la población colombiana vive en propiedad horizontal, y las cuotas de administración que se pagan en cada copropiedad se dedican entre un 65 y 75 por ciento al pago de la seguridad privada. De esta manera, existe una proporcionalidad natural entre el alza del salario mínimo, la tarifa de la seguridad privada y el valor de las cuotas de administración.
“Invitamos a que todo análisis que se haga sobre el costo de los servicios de seguridad privada se realice con el mayor rigor técnico y respeto por el marco normativo, reconociendo que este servicio contribuye a la seguridad ciudadana y a la generación de empleo formal en el país”, concluyeron desde el gremio.
*Contenido elaborado con el apoyo de Asociación Ecos, Fecolsep, Confevip y el Consejo Nacional de Seguridad Privada.
