La Fundación Innovación para el Desarrollo publicó su más reciente informe sobre la renovación industrial en Colombia. El eje central del informe habla sobre la necesidad de una transición hacia fuentes de energía complementarias y bajas en carbono, la revolución tecnológica, el aumento de la demanda de minerales críticos, el crecimiento de economías emergentes y los cambios demográficos.
“La energía ha dejado de ser un tema exclusivamente técnico. Hoy se consolida como un activo estratégico ligado a la soberanía nacional, la seguridad económica, la competitividad y el desarrollo sostenible“, destaca el informe.
Por otro lado, señala que existe una serie de desafíos importantes para el sector:
- El aumento de las tensiones internacionales.
- La volatilidad financiera y las restricciones fiscales que han afectado la capacidad de los países para sostener las inversiones necesarias en infraestructura energética, innovación y modernización de redes.
- La creciente percepción de fragilidad del sistema internacional, debido a conflictos geopolíticos en regiones clave.
“Aunque el 65% de los países mejoró su desempeño en el Índice de Transición Energética (ITE) en 2025, los avances en seguridad energética han sido limitados, evidenciando vulnerabilidades en la flexibilidad y diversidad del suministro. En este contexto, Colombia ocupa el puesto 38, por detrás de países como Brasil, Uruguay y Chile. A nivel regional, América Latina y el Caribe se posiciona en tercer lugar entre seis regiones del mundo, aunque aún por debajo del promedio global”, indica el informe.
En este escenario, la región tiene una oportunidad clave: consolidarse como proveedora estratégica en la economía de energía limpia. Esto dependerá en gran medida de la construcción de un ecosistema sólido de minerales críticos, integrando fuentes convencionales, renovables y recursos minerales.
Otro aparte del informe destaca que Colombia cuenta con una ventaja estratégica, ya que puede posicionarse como proveedora confiable de energía y minerales críticos bajo altos estándares ambientales y sociales.
Además, el sector minero juega un papel central en esta transición, al suministrar insumos esenciales para la electrificación, las energías renovables y el desarrollo industrial.
No obstante, para aprovechar este potencial, se requiere una política pública de largo plazo, basada en evidencia técnica, con estabilidad jurídica y amplio consenso social.
Desde el punto de vista económico, en el informe se destaca que la minería es uno de los sectores que más aporta en renta en relación con su participación en el PIB: por cada punto porcentual, genera aproximadamente $ 4,3 billones.
Junto con el sector de hidrocarburos, constituye un motor clave para financiar la transición energética y atender necesidades fiscales del país.
“A pesar de ello, la minería en Colombia sigue siendo más pequeña y menos diversificada de lo que su potencial geológico permitiría. Problemas estructurales, conflictos sociales y percepciones negativas han limitado su desarrollo. Además, la inversión en exploración minera cayó un 37% en 2024, representando apenas el 3,3% de la inversión regional y el 0,9% a nivel global”, complementa el informe.
Por último, a nivel internacional, el análisis añade que se observa un cambio en los flujos de inversión extranjera directa (IED), que se orientan a industrias estratégicas, como inteligencia artificial, semiconductores, vehículos eléctricos y manufactura avanzada.
En este contexto, cerca del 50 % de la IED en metales desde 2022 se ha destinado a minerales clave como cobre, litio y níquel, fundamentales para estas nuevas industrias.