¿Dónde están los verdaderos riesgos y cuáles deben ser las prioridades que debe atender la nueva dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje)? Ese análisis lo hace Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional y socio de Pérez-Llorca Colombia. Explica que el arbitraje internacional de inversión es el mecanismo que permite a un inversionista extranjero demandar directamente a un Estado ante un tribunal internacional, cuando considera vulnerados los derechos que le reconocen los tratados de protección de inversiones. Su foro principal es el Ciadi, centro adscrito al Banco Mundial.
“La administración entrante recibe una agencia técnicamente sólida”, dice Linares, y señala que, según su propia rendición de cuentas, en 2025 la Andje alcanzó una tasa de éxito cercana al 81 por ciento y evitó condenas contra la Nación por más de 545 billones de pesos. En materia de inversión, una sola condena quedó en firme durante el cuatrienio: Glencore I, por 20,7 millones de dólares. El costo promedio de la defensa internacional fue de 2,5 millones de dólares por caso, menos de la mitad del promedio latinoamericano, que supera los 5,6 millones.
Para el exmagistrado, el hito del periodo fue el acuerdo con Aris Mining, en 2025. Fue la primera transacción de Colombia en un arbitraje Ciadi, celebrada bajo el TLC con Canadá. “La transacción es el contrato por el cual las partes terminan un litigio mediante concesiones recíprocas. Se evitó una condena estimada en 380 millones de dólares, no implicó pago alguno en efectivo e incluyó diez años de cooperación en Segovia y Marmato”, dice.
El balance de los casos de inversión concluidos entre agosto de 2022 y julio de 2026 confirma la tendencia: cinco victorias totales, tres laudos condenatorios —solo uno de ellos en firme— y una transacción, con contingencias evitadas cercanas a 720 millones de dólares, unos 2,9 billones de pesos.
Ahora, la otra cara. Al cierre del gobierno anterior, la Andje registraba 19 arbitrajes internacionales de inversión activos y 16 controversias en etapa prearbitral. Las pretensiones suman 73,8 billones de pesos, frente a los 59,9 billones que registraba la agencia a mediados de 2025. La mayor es la de Sea Search Armada, por 33,8 billones. “Buena parte de estas controversias nació de medidas regulatorias adoptadas durante el cuatrienio. La lección es simple: prevenir el daño antijurídico –evitar que el Estado cause el daño que luego deberá indemnizar– es tan importante como litigar bien. A ello se suman los procedimientos posteriores al laudo: Colombia solicitó la anulación en los casos Telefónica, Eco Oro, Glencore II y Seda”.
En concepto de Linares, los casos más recientes ilustran bien ese origen regulatorio. Dos grupos generadores térmicos acudieron al Ciadi en 2026 por la crisis del mercado eléctrico, agravada por la intervención estatal de Air-e. El primero es Termocandelaria Power (TPL), sociedad española dueña de Tebsa y Termocandelaria, que suman cerca de 1.466 megavatios. Su solicitud se funda en el acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia: alega que las medidas adoptadas desde 2024, incluidas decisiones regulatorias de la Creg, impidieron a los generadores recibir una remuneración adecuada por la energía suministrada a Air-e, y reclama pérdidas superiores a 198,4 millones de dólares, más daños futuros por cuantificar.
El segundo es el grupo Glenfarne–EnfraGen, dueño de Termoflores, en Barranquilla; Termonorte, en Santa Marta, y TermoValle, en Palmira. Su demanda ante el Ciadi, revelada por la prensa especializada y de cuantía aún no pública, fue presentada por la matriz estadounidense y sus vehículos españoles, invocando el acuerdo Colombia-España y el TLC con Estados Unidos. Alega la falta de gas para sus plantas térmicas y la incertidumbre sobre los pagos de la energía de respaldo, en medio del riesgo de racionamiento. “La lección se repite: el daño antijurídico se produjo en la gestión administrativa y regulatoria de la crisis, y la factura llega por la vía del arbitraje de inversión”.
A su vez, Linares resalta que el riesgo mayor está fuera de la agencia. Según las cifras conocidas al cierre del Gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asumió condenas y una conciliación por 5,3 billones de pesos en tres arbitrajes internacionales tramitados sin la coordinación de la Andje: Ruta al Mar, con un laudo de 3,57 billones del 30 de abril de 2026 que además declaró la terminación anticipada del contrato de concesión; Perimetral Oriente de Cundinamarca, por 1,3 billones, con laudo de junio de 2026; y Autopistas del Caribe, que cerró mediante conciliación arbitral por 0,48 billones. A ellos se agrega un arbitraje de inversión ante el Ciadi iniciado por un accionista de Ruta al Mar y 48 tribunales de arbitramento activos en concesiones de infraestructura, con pretensiones por 18,3 billones de pesos: el doble de la carga litigiosa registrada al inicio del cuatrienio. La ANI reconoce obligaciones por 8,9 billones de pesos en laudos y sentencias sin pagar, de los cuales 7,9 billones corresponden a capital y un billón a intereses. Afirma Linares que el factor común de las condenas fue la alteración del esquema tarifario de peajes ordenada por el Decreto 050 de 2023.
“Lo paradójico es que la propia Ley del Plan del Gobierno anterior prohibía esa dispersión”, dice, y explica que el artículo 206 de la Ley 2294 de 2023 creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, orientado a garantizar, de manera coordinada, la eficacia de la defensa jurídica en las entidades públicas, nacionales y territoriales. Y le asignó a la Andje la función de coordinarlo. “Los arbitrajes de la ANI se litigaron al margen de ese sistema. El resultado fue una defensa fragmentada, sin estrategia unificada del Estado, y el costo está a la vista”, destaca.
Además, los anuncios presidenciales agravaron el panorama. El 26 de marzo de 2026 se anunció el retiro de Colombia del Ciadi, sobre una premisa inexacta: Estados Unidos no ha denunciado el convenio. Su único efecto verificable fue el aumento de inversionistas en etapa prearbitral, que lo leyeron como señal de cierre del sistema. Y aun si se ejecutara, el retiro dejaría intactos los mecanismos de solución de controversias.
La anunciada renegociación del TLC con Estados Unidos terminó en una nota interpretativa de ocho subcláusulas del Capítulo 10 de un tratado de 22 capítulos. Su efecto sobre tribunales futuros es incierto, porque obliga a los Gobiernos y no a los árbitros. El TLC con la Unión Europea no se renegoció y la denuncia anunciada del TLC con Israel nunca se ejecutó. El único acuerdo nuevo del cuatrienio fue el de protección de inversiones con Venezuela, declarado exequible por la Corte Constitucional.
En conclusión, dice Linares, tres prioridades se imponen. Una, prevenir el daño antijurídico, porque la mejor defensa es no generar el pleito. Dos, hacer efectivo el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, centralizando en la Andje la coordinación de los arbitrajes internacionales, incluidos los de la ANI. Tres, consolidar los mecanismos alternativos de solución de conflictos como política de Estado.