A un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, uno de sus efectos más debatidos comienza a reflejarse en las cifras de contratación de aprendices.
Mientras el Gobierno defendió la laboralización del contrato de aprendizaje como una forma de ampliar derechos y garantías para los estudiantes, cada vez más empresas estarían optando por pagar la cuota de monetización al Sena en lugar de vincularlos.
Con el objetivo de conocer la actualidad de la medida, SEMANA dialogó con el abogado Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, el cual señaló el balance de las empresas a lo largo del año.
SEMANA: A un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, ¿qué balance hacen las empresas sobre los cambios introducidos en el contrato de aprendizaje?
Camilo Cuervo: Quizás uno de los mayores errores de la reforma laboral fue haber laboralizado el contrato de aprendizaje. No solo porque lo vuelve excesivamente costoso frente a la alternativa de monetizar la cuota, sino porque además incrementa significativamente los riesgos para las empresas.
Actualmente, vincular a un trabajador puede representar un costo aproximado de entre 1,6 y 1,7 salarios mínimos, incluyendo todas las cargas laborales. En contraste, la monetización equivale a cerca de 1,5 salarios mínimos. Desde una perspectiva económica, resulta más costoso contratar al aprendiz.
Sin embargo, el problema no es únicamente el costo. Al convertirse en trabajador con plenitud de derechos, el aprendiz queda cobijado por una serie de protecciones diseñadas para relaciones laborales subordinadas. Allí se comete, en mi opinión, un error de carácter filosófico.
El contrato de aprendizaje no estaba ni debería estar enfocado en una relación subordinada como la de cualquier otro trabajador. Su finalidad es distinta: permitir que el estudiante aprenda, se capacite y adquiera experiencia práctica. Al transformar esa naturaleza, lo que termina ocurriendo es que muchas empresas, ante el aumento de costos y riesgos, optan por monetizar la cuota en lugar de contratar aprendices.
Se estima que más de 8.000 empresas obligadas a vincular aprendices han optado por la monetización. Los principales afectados son precisamente los estudiantes, quienes encontraban en el contrato de aprendizaje una de las oportunidades más importantes para adquirir experiencia antes de obtener su título.
En la práctica, se está debilitando uno de los principales semilleros de formación laboral del país. Muchas empresas no están dispuestas a asumir mayores costos ni mayores riesgos, por lo que los propios estudiantes del SENA comienzan a cuestionarse si la laboralización del contrato, por la que tanto se luchó, terminó generando efectos no deseados: hoy pueden ser considerados trabajadores, pero cada vez menos empresas están dispuestas a contratarlos.
SEMANA: Las cifras muestran que más empresas están optando por pagar la cuota de monetización. ¿Qué factores jurídicos, operativos y económicos están impulsando esta decisión?
Camilo Cuervo: Fundamentalmente, el costo y el riesgo. Tener un trabajador resulta mucho más complejo y riesgoso que contar con un aprendiz bajo el esquema anterior. Muchas empresas no están dispuestas a asumir ni los mayores costos laborales ni las contingencias jurídicas derivadas de esa nueva condición.
SEMANA: ¿Cómo ha impactado la reforma laboral los costos de contratación y gestión en las empresas obligadas a vincular aprendices?
Camilo Cuervo: Se pierde un recurso importante para las organizaciones. Aunque el aprendiz no siempre era altamente productivo —precisamente porque estaba en proceso de formación— sí aportaba apoyo en diferentes áreas de la empresa.
Ante el incremento de costos y riesgos, muchas organizaciones prefieren monetizar la cuota. Como consecuencia, se pierde no solo la oportunidad para que el aprendiz se forme, sino también una herramienta valiosa para que las empresas desarrollen talento.
Los contratos de aprendizaje han sido históricamente uno de los mecanismos más eficientes para entrenar, evaluar y seleccionar futuros trabajadores. Por eso, lo que se pierde va mucho más allá de una simple vinculación temporal: se pierde formación, entrenamiento y la posibilidad de generar nuevos empleos a partir de procesos de aprendizaje.
SEMANA: ¿Qué efectos puede tener esta situación en el mercado laboral?
El impacto puede ser especialmente grave en la formación técnica y administrativa. El contrato de aprendizaje representaba la culminación natural del proceso formativo, particularmente en áreas técnicas donde la experiencia práctica resulta determinante.
Más allá de la formación académica, la experiencia adquirida durante esta etapa era la que permitía a los estudiantes desarrollar competencias reales para un mejor desempeño laboral. Al desaparecer progresivamente estos espacios de formación, debido al temor y al costo que genera el nuevo esquema, esa oportunidad también está desapareciendo.
SEMANA: ¿Qué ajustes considera necesarios para corregir la situación?
Creo que deberíamos regresar al modelo original del contrato de aprendizaje, incorporando algunos derechos que efectivamente podrían requerir mejoras. Por ejemplo, considero importante garantizar aportes completos a la seguridad social, incluyendo pensión, y establecer mecanismos de remuneración para períodos de descanso o vacaciones. Incluso podría discutirse una remuneración equivalente al salario mínimo.
Sin embargo, convertir al aprendiz en trabajador con todos los efectos jurídicos que ello implica —primas, cesantías y otros derechos propios de una relación laboral subordinada— genera distorsiones importantes. Lo mismo ocurre con figuras como la estabilidad laboral reforzada, que tienen sentido en contratos de trabajo permanentes, pero no en contratos cuya naturaleza es temporal y formativa.
El objetivo de un contrato de aprendizaje no es que la persona permanezca indefinidamente en la organización, sino que aprenda y adquiera experiencia. Por eso considero que debería replantearse la deslaboralización del contrato, manteniendo algunos derechos básicos que eran precisamente las principales reivindicaciones de los aprendices.
Desde mi perspectiva, el gobierno del presidente Gustavo Petro politizó esta figura y terminó enfocándola desde una lógica distinta a su propósito original. El resultado ha sido el debilitamiento de un mecanismo que durante años facilitó la transición entre la formación académica y el empleo.
Por ello, considero que el camino adecuado es volver a la esencia del contrato de aprendizaje: una herramienta concebida exclusivamente para la formación del estudiante, pero complementada con garantías básicas que protejan sus derechos sin desnaturalizar la figura.