Luego de la radicación del proyecto de ley de tarifas que el gobierno catalogó como una propuesta para “la regulación justa y la democratización del sector energético”, pese a que los gremios y otros líderes de opinión colombianos dicen haber sugerido ajustes, sigue la inconformidad por lo que finalmente quedó en el texto que ya fue llevado al Congreso de la República.
Surte el efecto contrario
Según los 15 gremios que suscriben la carta, en vez de contribuir a bajar las tarifas, la iniciativa surtiría el efecto contrario, generando incrementos en las facturas de los usuarios y afectando además la prestación del servicio, con implicaciones económicas y sociales adversas.
Para los gremios, entre los que se encuentran Andesco, la Andi, ACP, Asocodis, Naturgás, Andeg, Acolgén, y otros, la nueva versión del proyecto de ley tiene artículos que pondrían en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generarían incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía.
Los firmantes de la misiva alegan que el mayor reto que hay en la actualidad es el abastecimiento energético y de gas, pues hay riesgo por insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional.
No habrá tarifas competitivas
Por ello, hasta el momento, los gremios manifiestan que “sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo".
Es así como expresas que en los últimos cinco años, solo ha entrado en operación menos del 30 % de la generación comprometida, y más del 50 % de los proyectos de transmisión presentan retrasos.
Ante tal situación, lo que se requieren son decisiones de política pública que “destraben proyectos”, no que pongan más palos en la rueda.
Se quedan sin abordar los problemas estructurales
Desde la perspectiva de los gremios, lo que realmente se necesita es un impulso a nuevas inversiones y el restablecimiento de la confianza en las reglas del mercado, por lo que enfatizan que el proyecto de ley “no aborda los problemas estructurales”.
Para los gremios energéticos, al no incorporar instrumentos que mitiguen el riesgo de desabastecimiento o incentiven la expansión de la infraestructura energética, tampoco se conduce a un aumento efectivo de la capacidad instalada. Por lo tanto, lo que se hace es “aumentar a futuro la brecha entre la oferta y la demanda”.
Se crea incertidumbre
Así las cosas, la cura parece ser peor que la enfermedad, pues, bajo la redacción actual, lo que se produce con el proyecto de ley es “más incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas en un momento en que el país necesita decisiones contundentes de inversión para superar el riesgo de una posible falta de energía a futuro”.
Y lo más preocupante
Para los gremios firmantes de la carta enviada al ministro Palma, lo más preocupante de la situación son los comercializadores de energía, que tienen saldos pendientes por recuperar, luego de haber hecho efectivos los subsidios de energía, y les deben cerca de 6 billones de pesos, de los cuales alrededor del 68 % es deuda pública del orden nacional y territorial.
Lo que piden
En ese contexto, los gremios pusieron una serie de peticiones en la misiva, entre las que se destacan: una garantía en los pagos de los subsidios adeudados, tanto en energía como en gas, lo que suma una deuda de $2,8 billones a septiembre de 2025.
Además, reclaman el cumplimiento de la promesa del Presidente Petro (Gustavo), realizada en mayo del 2024, según la cual, la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria.
En tercer lugar, piden definir e implementar el esquema de prestación del servicio de Air-e en la Región Caribe, incluyendo el pago de las deudas que Air-e tiene con otros agentes del mercado, para mitigar el riesgo sistémico que hoy afecta al sector eléctrico.