Los últimos años han mostrado una tendencia creciente en materia de litigios. De 2,6 millones de nuevos procesos ingresados a la rama judicial en 2022, se pasó a una cifra récord de 3,2 millones de nuevas demandas radicadas en 2024, según da cuenta el boletín estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.
La mayoría de estas controversias han estado concentradas en tres escenarios: asuntos laborales, ejecución de obligaciones dejadas de pagar y, particularmente, interposición de acciones de tutela. Estas últimas, en su mayoría, se refieren a asuntos de salud, mínimo vital y seguridad social, que son los más recurrentes en este tipo de acciones.
De hecho, mientras que en 2022 las tutelas ocupaban el 30 por ciento de las radicaciones, hoy representan cerca del 35 por ciento, lo que demuestra su mayor concentración porcentual respecto del total de procedimientos radicados.
“El primer plano del panorama litigioso en 2024 deja una conclusión alarmante para el país y es que la mayor conflictividad se está concentrando en aspectos ligados a la atención de las necesidades básicas de la población, como la salud, seguridad social y relaciones laborales”, asegura Sergio Rojas Quiñones, socio de la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (MQMGL&D).
Esto, a su juicio, mantiene las alertas sobre la capacidad del Estado de suplir tales necesidades básicas de la población, que hoy se ve obligada a acudir a la administración de justicia a fin de que se satisfagan los requerimientos esenciales para su subsistencia.
La problemática en el sector salud –comenta Rojas– es el resultado de la crisis asistencial y de suministro de equipos y medicamentos que está viviendo la población colombiana.
Frente a este tema, Hernán Javier Arriguí, presidente de la firma de abogados Arriguí & Asociados Abogados Consultores SAS, dice que, en efecto, en el sector salud el volumen de controversias entre los aseguradores y los prestadores muestra un crecimiento exponencial en todas las jurisdicciones, debido a la incertidumbre que existe frente a la reforma y su reciente implementación parcial, vía decreto.
Así mismo, destaca la demanda contra la nación por la indebida intervención de la EPS Sanitas, que se erige como el conflicto más grande desde el punto de vista económico. Al respecto, precisa que el Estado colombiano está expuesto a una condena cuantiosa, que de ser efectiva, afectará el Presupuesto General.
También resalta el cúmulo de demandas que cursan contra las EPS, por la falta de pago a la red de prestadores y proveedores. “Estos litigios, de no ser solucionados, pueden llevar a la liquidación de la mayoría de las EPS que actualmente están en funcionamiento”, advierte.
Conflictos laborales
Las disputas legales en materia laboral también son constantes. De acuerdo con estadísticas publicadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en 2024, cada juzgado laboral en Colombia recibió, en promedio, 32 procesos nuevos por mes, lo que implicó la presentación de cerca de 56.000 casos durante todo el año.
En 2023, el dato anual fue de 53.398, y en 2022 fue de 48.469. Para el primer trimestre de 2025 es de 11.136 demandas presentadas, lo que demuestra una tendencia de aumento de la judicialización.
Evidencia de esto, destaca Pablo Hernández Hussein, socio de Scola Abogados, es la creación de más juzgados laborales a lo largo del país. Bogotá ya cuenta con 67, mientras que Cali y Medellín suman 30 y 41, respectivamente.
“En todo caso, este número de juzgados frente a la alta cantidad de reclamaciones presentadas parece no ser suficiente, lo que se traduce en la denominada congestión judicial”, afirma el abogado.
En conclusión, explica, el balance no es tan positivo como se quisiera, pues sigue en aumento el índice de reclamación judicial, lo que evidencia el nivel de incumplimiento frente a los derechos laborales, pero también la incapacidad de resolver los conflictos a través de la autocomposición.
“El panorama se hace aún más gris al evidenciar que cada vez es mayor el número de las reclamaciones que la capacidad del Estado para resolverlas de manera ágil”.
Lo peor, recalca, es que no parece existir alguna situación que haga cambiar este panorama, sino que, por el contrario, hay una nueva legislación laboral que lamentablemente no fue inspirada en la concertación y la resolución de conflictos a través del diálogo, sino que terminó radicalizando una idea de clases o bandos que afianza el problema y hace aún más lejanas las posiciones de las partes, lo que en últimas promueve la litigiosidad.
En este sentido, insiste en que el reto está en la capacidad que tengan las partes de la relación laboral de generar acuerdos de manera directa a través de la autocomposición y el sistema legislativo y judicial de fomentar estos espacios, dando por descontado el llamado a los empleadores a cumplir a cabalidad con la normatividad y las garantías laborales.
Agrega que un punto positivo en el panorama venidero es la actualización de la legislación procesal laboral, que entra en vigencia en abril del próximo año y que tiene como uno de los principales retos posicionar al juez como director del proceso en pro de la celeridad para resolver. “Confiamos en que esto pueda cumplirse”.
Frente a las expectativas que hay ante posibles decisiones del Gobierno que puedan afectar de una u otra forma algunos de los procesos litigiosos en el campo laboral, manifiesta que esperaría que no exista una injerencia directa derivada de las acciones gubernamentales frente a la dinámica judicial, toda vez que hay una separación de poderes que en teoría no permite que uno permee o influya en el otro.
No obstante, dice que algo que sí es claro es la intención que ha tenido este Gobierno de generar “controles estrictos” a la función empresarial, lo que en la práctica se ha traducido en referencias negativas o lo que se puede llamar “estigmatización” hacia los empresarios.
“No quiero decir con esto que no existan incumplimientos en determinados casos y que no deba ejercerse la función de control y fiscalización, pero sí se ha visto una generalización absolutamente perjudicial inspirada en el discurso de separación de clases, donde se muestra al empleador como el opresor y al trabajador como el oprimido”.
Para el abogado de Scola, este discurso de unos contra otros tiene, en la práctica, un efecto absolutamente perjudicial y es que elimina la intención de autocomposición y potencializa la conflictividad.
“El Gobierno nacional ha anunciado la expedición de decretos que regulan asuntos no incluidos en la reforma laboral y allí existe la posibilidad de legislar con un tinte más político que lógico normativo”, puntualiza.
Disputas internacionales
En cuanto a los conflictos internacionales, los expertos dicen que continúa la tendencia consistente en un uso cada vez mayor de mecanismos como el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial internacional, para solucionar las disputas internacionales más complejas y apremiantes ante las cuales se enfrentan las empresas.
Claudia Benavides Galvis, de Benavides Mejía Dispute Resolution, precisa que los sectores de infraestructura, energía, minería e hidrocarburos continúan liderando el volumen de arbitrajes, mientras que los conflictos relacionados con tecnología, servicios financieros y sostenibilidad (ESG) se suman a esta tendencia.
También se observa un creciente interés en arbitraje internacional asociado a proyectos de transición energética y grandes obras de transporte, con lo cual coincide el abogado Rafael Rincón, de Rincón Castro Abogados, quien dice que los proyectos de 4G, autopistas, instalaciones logísticas y energía son un foco de disputas arbitrales en la actualidad.
Frente al panorama de dichos procesos y las perspectivas a futuro, afirma que existe confianza en la independencia de la rama judicial y en el funcionamiento de las cortes locales. Asimismo, destaca que Colombia cuenta con un ordenamiento jurídico sólido en materia de arbitraje nacional e internacional y que en la medida en que estos factores se mantengan, los ciudadanos seguirán confiando en el sistema para la solución de estas controversias.
En cuestión de cifras, Benavides Galvis señala que la Cámara de Comercio Internacional (ICC) registró para 2024 una cuantía agregada de 102.000 millones de dólares en procesos nuevos y 354.000 millones en valor total de casos pendientes de decisión.
Para Cristina Mejía Rivas, también de Benavides Mejía Dispute Resolution, de cara al futuro, el arbitraje internacional seguirá transformándose a un ritmo acelerado. Al respecto, explica que la complejidad de los negocios globales, las reformas regulatorias, la transición energética y la sostenibilidad están generando disputas más sofisticadas.
La importancia del arbitraje
Felipe Andrade, socio de CMS Rodríguez-Azuero, explica que los mecanismos de resolución de conflictos como el arbitraje internacional y el arbitraje de inversión constituyen una vía de suma importancia a través de la cual se canalizan las disputas internacionales de diversa naturaleza.
En este sentido, dice que las cortes internacionales y los tribunales arbitrales son convocados cada vez con más frecuencia para abordar cuestiones jurídicas complejas, relacionadas con litigios ambientales, mineros, energéticos, de infraestructura, farmacéuticos y aseguradores.
“En la actualidad, el arbitraje continúa siendo el mecanismo alternativo de solución de conflictos por excelencia, pues se destaca por su alta eficiencia, especialización, flexibilidad y neutralidad a la hora de brindar solución a una controversia, además de emplearse tanto en el ámbito doméstico como en el internacional”.
Puntualiza que es importante destacar que el arbitraje comercial internacional es la figura preferida por los operadores económicos privados para resolver sus controversias transfronterizas, al encontrar su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, lo que les permite establecer las reglas del trámite arbitral, la ley aplicable y el lugar de funcionamiento del tribunal arbitral.
Se espera que la tendencia en el uso del arbitraje internacional –bien sea comercial o de inversión– se mantenga en crecimiento, consolidándose como el mecanismo preferido por los operadores jurídicos.