El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Transporte, ha expedido un nuevo decreto en 2026 con el propósito de establecer un plazo claro para resolver la situación de los vehículos de carga con omisiones en su registro inicial.
El decreto se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley 105 de 1993, que regula el transporte como un servicio público esencial. Por medio del mismo, se reafirma que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, así como de ejercer control, vigilancia y regulación sobre el mismo.
Esta medida surge como respuesta a una problemática persistente dentro del sector transporte, que ha generado incertidumbre tanto para propietarios como para autoridades encargadas de la regulación y control.
“¿Qué cambia?Se abre un nuevo plazo de 18 meses para normalizar la situación. Además, habrá facilidades de pago: se podrá hacer en una o dos cuotas, y desde el primer pago el vehículo podrá seguir operando mientras completa el proceso", señala MinTransporte.
Uno de los puntos centrales del decreto es la modificación de disposiciones previas contenidas en el Decreto 1079 de 2015. En particular, se introducen ajustes relacionados con la vigencia y derogatoria de artículos que regulaban aspectos del registro de vehículos de carga. Con esto, se busca actualizar el marco normativo y brindar herramientas más efectivas para la gestión de irregularidades.
“También habrá ajustes para vehículos con errores en su peso registrado y reglas claras: quienes no se pongan al día dentro del plazo se exponen a sanciones.La idea es clara: ordenar el sistema, facilitar el proceso y que más transportadores puedan trabajar sin trabas”, complementa la cartera de transporte.
La norma también establece un plazo específico para que los actores involucrados regularicen su situación, lo cual representa una oportunidad para formalizar operaciones y evitar sanciones futuras. Este enfoque no solo pretende ordenar el sistema, sino también fortalecer la transparencia y la legalidad en el sector.