La Fundación para el Estado de derecho (FEDe. Colombia) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de los 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026.
Según el documento radicado ante el organismo internacional, la petición busca prevenir posibles afectaciones a los derechos políticos de los electores, particularmente el derecho a participar en “elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.
Las organizaciones sostienen que la situación se deriva de una serie de actuaciones atribuidas al presidente de la República, las cuales, a su juicio, comprometen la neutralidad institucional y la confianza en las autoridades electorales.
El escrito señala que existe un “patrón de actuación que compromete el ejercicio efectivo de los derechos políticos protegidos por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La solicitud recopila antecedentes que incluyen pronunciamientos públicos del mandatario sobre temas electorales, cuestionamientos al sistema de escrutinio, denuncias de presunto fraude y manifestaciones relacionadas con la contienda política.
También menciona decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en materia de participación política y propaganda electoral.
De acuerdo con el documento, los hechos más recientes ocurrieron entre el 26 de mayo y el 2 de junio de 2026. Durante ese período, el presidente hizo declaraciones sobre el proceso electoral y cuestionó públicamente los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial.
En las peticiones se argumentan que el riesgo es grave, urgente e irreparable debido a la proximidad de la segunda vuelta presidencial. En ese sentido, sostienen que “el daño no se produce únicamente en el momento de la jornada electoral, sino de manera progresiva durante el período de campaña”.
Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, así como el cumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con el proceso electoral.
La petición también solicita que se adopten acciones para preservar la igualdad de condiciones en la contienda y evitar interferencias institucionales antes de la elección presidencial del 21 de junio.