Los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia podrían ubicarse entre $30 billones y $40 billones, equivalentes a cerca del 2 % del producto interno bruto (PIB), según una estimación preliminar del equipo de investigaciones económicas del Banco de Occidente. La cifra aún está sujeta a revisión mientras avanza la evaluación de las edificaciones y la infraestructura afectada.
El impacto de la emergencia también comenzaría a sentirse en el crecimiento y la inflación. El banco redujo su proyección de expansión de la economía colombiana para 2026 del 2,7 % al 2,5 % y calcula que el choque agregaría 10 puntos básicos a la inflación de cierre de año, que llegaría al 6,5 % anual.
Las mayores presiones sobre los precios vendrían de las interrupciones en las vías, las dificultades de abastecimiento y el aumento de los costos de transporte, especialmente para alimentos y café. Sin embargo, una reducción de la demanda en las zonas más golpeadas compensaría parcialmente ese efecto.
Para 2027, el panorama sería distinto. El Banco de Occidente elevó del 2,4 % al 2,6 % su previsión de crecimiento, al considerar que las obras de reconstrucción podrían impulsar la actividad económica durante el próximo año.
La magnitud de la afectación empresarial también preocupa. Las regiones golpeadas por el sismo concentran más de 269.000 empresas y 1,39 millones de empleos formales, cerca del 15 % del total nacional. En el Valle del Cauca, estimaciones preliminares de la Gobernación contabilizan alrededor de 700 unidades productivas afectadas y pérdidas superiores a $16.000 millones.
A esto se suma el daño sobre los hogares y la infraestructura. Según las cifras recopiladas por los economistas del Banco de Occidente, más de 73.400 viviendas resultaron averiadas y 12.800 fueron destruidas. También se reportaron afectaciones en centros de salud, instituciones educativas, vías, acueductos, puentes y aeropuertos. Advierten, además, que solo cerca del 13 % de los hogares del país cuenta con seguro contra terremoto, lo que podría dificultar el financiamiento de la reconstrucción.
Ante este escenario, desde el Banco de Occidente, entidad que forma parte del Grupo Aval, recomiendan a hogares y empresas afectados por esta coyuntura preservar liquidez, priorizar los gastos esenciales, renegociar obligaciones antes de caer en mora y evitar créditos de alto costo para cubrir pérdidas patrimoniales. Para las mipymes plantea alternativas como periodos de gracia, reestructuraciones y líneas de capital de trabajo para recuperar inventarios y adecuar instalaciones.
En la entidad financiera consideran que la financiación privada debe funcionar como complemento y no como sustituto de los recursos públicos. “La coordinación con el Gobierno nacional puede concentrarse en identificar beneficiarios de subsidios, garantías y programas de reconstrucción, mientras la banca aporta financiación para capital de trabajo y reposición de activos. Con el Banco de la República, el objetivo es preservar la liquidez del sistema, en un contexto de tasa de política monetaria en el 12 % e inflación por encima de la meta”, sostuvieron.