El terremoto que afectó al centro-occidente del país presionará las finanzas de departamentos y municipios por dos vías: mayores gastos para atender la emergencia y reconstruir infraestructura, y un posible menor recaudo tributario por los alivios que podrían otorgarse a los contribuyentes. Fitch Ratings prevé que ese deterioro termine reflejándose también en un aumento del endeudamiento territorial.
Carlos Vicente Ramírez, director sénior y responsable de finanzas públicas de Fitch Ratings, explicó que las administraciones locales deberán asumir inicialmente gastos que no estaban presupuestados para atender a víctimas y damnificados. Posteriormente, tendrán que participar en la recuperación de vías, puentes, acueductos y otra infraestructura dañada.
La presión podría aumentar si los gobiernos locales deciden aplazar impuestos o conceder beneficios tributarios en las zonas afectadas, como ocurrió durante la pandemia. Ramírez mencionó entre las posibilidades el impuesto de industria y comercio y otros tributos territoriales. El Gobierno nacional ya anunció el aplazamiento del impuesto de renta para contribuyentes afectados.
El efecto sería una combinación desfavorable para las cuentas locales: menores ingresos en el corto plazo y mayores gastos. Según Fitch, esto reduciría el ahorro operacional y afectaría las métricas utilizadas para evaluar el perfil financiero de las entidades territoriales.
Sin embargo, la calificadora considera que varias de las entidades más importantes de la región parten de una posición relativamente sólida. Fitch evalúa, entre otras, al Valle del Cauca, Cali, Pereira y Manizales, algunas con calificaciones AAA, lo que refleja capacidad de pago y acceso al crédito. Las poblaciones de categorías cuatro y cinco enfrentan una situación distinta, pues dependen en mayor medida de transferencias y recursos externos.
Ramírez señaló además que el marco colombiano de responsabilidad fiscal territorial ha permitido que varias administraciones mantengan niveles importantes de ahorro. Eso les da capacidad para absorber parte del choque y acceder a financiamiento para la reconstrucción.
La deuda, sin embargo, podría comenzar a aumentar a medida que avance la etapa de reconstrucción. Fitch considera que ese efecto podría hacerse más evidente hacia 2028, cuando se requieran recursos para obras de infraestructura y las entidades partan de ahorros operacionales debilitados por los gastos de emergencia y los alivios tributarios. La calificadora anticipa una presión particular sobre indicadores como la cobertura y el servicio de la deuda.
Eso no implica, por ahora, una reducción de las calificaciones. “No quiere decir que va a haber bajas”, explicó Ramírez, quien señaló que Fitch seguirá evaluando cómo evolucionan las medidas adoptadas y el financiamiento de la reconstrucción.
Otro factor es el calendario político. A las actuales administraciones territoriales les queda poco más de un año y las elecciones regionales se realizarán en 2027. Por ello, una parte importante de la reconstrucción quedará en manos de los gobiernos que asuman en enero de 2028, que deberán incorporar esas necesidades dentro de sus propios planes financieros.
Las cifras de daños siguen siendo preliminares. Ramírez advirtió que todavía falta cuantificar infraestructura que no es visible a simple vista, como redes subterráneas y alcantarillado. Fitch espera que en los próximos meses exista una valoración más completa para determinar cuánto deberá aportar cada territorio y cuál será el efecto definitivo sobre sus finanzas.