Como suelen decir los economistas, “no hay almuerzo gratis”. El regreso de Colombia a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría abrirle al país el acceso a financiación más barata, pero vendría acompañado de duros compromisos para corregir el deterioro de las finanzas públicas.
Aunque todavía no se conocen el instrumento, el monto ni las condiciones que eventualmente pactarían las partes, las recomendaciones que el propio Fondo ha hecho a Colombia y las opiniones de analistas permiten anticipar cuáles serían los principales puntos de discusión.
El FMI confirmó esta semana que espera recibir en Washington una delegación del Ministerio de Hacienda para continuar las conversaciones. El organismo destacó el compromiso manifestado por el actual Gobierno con la disciplina fiscal y señaló que medidas creíbles para reducir los desequilibrios podrían bajar los costos de financiación y recuperar la confianza de los inversionistas.
El primer punto del acuerdo sería, precisamente, un programa de ajuste fiscal con metas cuantitativas y verificables dirigido a reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda pública. El precedente que podría servir de referencia es el acuerdo multianual que Colombia tuvo con el Fondo en 1999.
De hecho, el organismo ya dejó una hoja de ruta bastante concreta para el país. En su última revisión del artículo IV, recomendó que Colombia ejecute un ajuste estructural equivalente a por lo menos 3,2 por ciento del PIB entre 2026 y 2028, mediante una combinación de mayores ingresos y reducción del gasto. El objetivo es que el país pueda retornar a la regla fiscal en 2028.
Ese ajuste probablemente sería uno de los puntos centrales de cualquier negociación.
Menos gasto y más ingresos
Por el lado de los ingresos, el Fondo ha planteado medidas equivalentes a cerca de 1 por ciento del PIB. Entre ellas están reducir exenciones de IVA y los beneficios para importaciones de bajo valor, aumentar impuestos a las apuestas en línea, mantener o elevar sobretasas sobre petróleo y carbón, y aumentar los impuestos al carbono.
Por el lado del gasto, las recomendaciones son todavía mayores: ajustes equivalentes a 2,2 por ciento del PIB hacia 2028. El menú planteado por el organismo incluye eliminar subsidios a los combustibles, llevar el gasto en nómina pública hacia niveles históricos, racionalizar transferencias corrientes, reducir algunos subsidios en salud y mejorar la eficiencia de la contratación pública.
Estas medidas no constituyen todavía las condiciones de un acuerdo. Son recomendaciones realizadas por el equipo técnico del FMI en 2025, pero sirven como referencia de los asuntos que podrían aparecer en la negociación.
Giovanny Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana, considera que el Fondo probablemente insistiría en tres frentes: recortes que no comprometan la inversión, una reforma tributaria capaz de financiar gastos adicionales y el cumplimiento de la regla fiscal. “Probablemente será la principal condición que pondrá el FMI para cualquier desembolso de crédito”, señaló.
Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda, también anticipa compromisos sobre los ingresos. Según explicó, Colombia tiene tarifas tributarias elevadas, pero recauda alrededor del 16 por ciento del PIB, por factores como informalidad, evasión y exenciones. Por eso considera posible que una negociación incluya medidas dirigidas a cerrar beneficios tributarios, combatir la evasión e incluso revisar aspectos del IVA.
La opción elegible
La segunda gran pregunta es cuál sería el instrumento. Colombia tuvo una línea de crédito flexible (LCF), que fue cancelada por el anterior Gobierno y que es un mecanismo reservado para economías que el FMI considera con fundamentos y marcos de política “muy sólidos”. Su principal ventaja es que no establece condiciones posteriores al desembolso, pues funciona como una tarjeta de crédito, dado que los requisitos se evalúan antes de aprobarla y luego se puede gastar en lo que se requiera.
Sin embargo, recuperar ese instrumento podría ser difícil. En su evaluación de 2025, el FMI advirtió que el deterioro fiscal y la suspensión temporal de la regla fiscal habían debilitado considerablemente el marco de política frente a la evaluación realizada cuando Colombia solicitó la LCF en 2024.
Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, sostiene que existe un abanico de opciones. En un extremo está la línea de crédito flexible, con baja condicionalidad; en el otro, una facilidad extendida, que implica metas, reformas y revisiones más exigentes. En medio aparece la línea de precaución y liquidez. Esta última podría ajustarse mejor a la situación colombiana, según varios de los expertos consultados.
La línea de precaución y liquidez está diseñada para países con fundamentos económicos sólidos, pero que presentan vulnerabilidades que les impiden cumplir los requisitos de la línea de crédito flexible. En programas de uno o dos años, el FMI puede establecer metas indicativas, criterios de desempeño, acciones previas y reformas estructurales, además de realizar revisiones semestrales.
Pérez afirma que una alternativa de este tipo representaría un punto intermedio: existirían metas concretas y revisiones periódicas, pero la condicionalidad sería menor que la de una facilidad extendida.
Cristancho también ve una línea preventiva de liquidez como una posibilidad. Según sus estimaciones, Colombia podría estar buscando recursos cercanos a 20.000 millones de dólares, que podrían emplearse, entre otros objetivos, para sustituir deuda costosa y reducir el gasto por intereses.
Más que conseguir dólares
Para el mercado, el valor de un acuerdo no estaría únicamente en el desembolso.
Pérez sostiene que tener al FMI respaldando el proceso de ajuste enviaría una señal favorable y podría mejorar la credibilidad del país. La financiación del organismo suele tener un costo inferior al que Colombia enfrenta en los mercados y, además, podría reducir la presión sobre las emisiones de deuda local e internacional.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, aclaró que el actor principal en la negociación con el FMI es el Gobierno, pero que desde el Emisor la ven con muy buenos ojos. Precisó que el acuerdo no está dirigido a reforzar las reservas internacionales del país, ya que estas “son suficientemente grandes”.
Las conversaciones apenas están avanzando y ninguna de estas medidas puede considerarse todavía una condición acordada. Sin embargo, las señales conocidas apuntan a que el precio económico de obtener recursos del FMI no sería una medida aislada, sino un programa fiscal de varios años.
El Gobierno tendría que mostrar cómo reducirá el déficit, qué gastos recortará, de dónde obtendrá mayores ingresos y cómo regresará a la regla fiscal. El grado de exigencia dependerá finalmente del instrumento que negocie. Cuanto mayor sea el monto, el plazo y la vulnerabilidad que busque cubrir Colombia, mayor podría ser también el nivel de compromisos y supervisión exigido por el Fondo.