La Asociación Colombiana de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE) pidió explicaciones al Ministerio de Minas y Energía por la modificación del listado de grandes consumidores y consumidores finales sujetos al mecanismo diferencial de estabilización de precios de combustibles.
Según la asociación, el listado publicado el 21 de septiembre en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM), por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio, contenía 504 registros. Sin embargo, una nueva versión conocida el 28 de septiembre incluyó 127, lo que representa una reducción de 377 registros, equivalente al 75 %.
ACICE señaló que durante cerca de ocho días los comercializadores operaron con la primera información publicada y posteriormente esta fue modificada.
Andrea Marcela Cabrejo Borda, directora ejecutiva de la asociación, afirmó que “No estamos hablando de un simple error en una base de datos. Es información oficial que produjo efectos económicos inmediatos sobre empresas colombianas, consumidores finales y quienes los abastecen”
De acuerdo con ACICE, la inclusión en el listado determina el precio del combustible que paga cada consumidor. La organización aseguró que recibió reportes de consumidores que, ante mayores costos, habrían optado por abastecerse en estaciones de servicio. Para la asociación, este comportamiento también podría afectar los objetivos de formalización y trazabilidad de la cadena.
La asociación también indicó que había advertido sobre posibles inconsistencias mediante un derecho de petición presentado antes de conocerse la modificación, pero aseguró que todavía no ha recibido una respuesta de fondo.
Ante esta situación, ACICE solicitó al Ministerio explicar las causas de la diferencia entre ambos listados y la metodología utilizada para validarlos. También pidió definir qué ocurrirá con las operaciones realizadas entre el 21 y el 28 de septiembre, incluyendo posibles mecanismos de reliquidación, notas crédito o compensaciones.
La asociación planteó, además, establecer controles previos para evitar nuevas modificaciones incorrectas y convocar una mesa técnica con los comercializadores industriales. También pidió aclarar quién asumiría los eventuales mayores valores pagados por consumidores que figuraron inicialmente en el listado y posteriormente fueron retirados.
“Está en juego la seguridad jurídica y el rigor técnico con que se implementan decisiones que tienen efectos económicos inmediatos”, señaló Cabrejo Borda.
ACICE aseguró que continuará documentando las afectaciones reportadas por sus asociados y manifestó su disposición a participar en un diálogo técnico con el Gobierno.