El sistema de pagos únicos Bre-B, lanzado por el Banco de la República, con todas las bondades tanto para la inclusión financiera, como para la facilidad y eficiencia para el usuario, ahora está en el debate, debido al anuncio del Ministerio de Hacienda, de ponerle una retención en la fuente de 1,5 % a los pagos que se hacen a través de ese mecanismo.
Se vendió la idea de que sería gratuito y millones de personas lo vieron interesante, por lo que corrieron a registrarse y aprender de la estrategia. Luego, el Banco de la República habló de que en unos tres años tendría un pago que, en todo caso, no recargaría mucho el costo sobre las personas.
Pero nadie imaginaba que el Ministerio de Hacienda pudiera plantear un impuesto a dichos pagos, pues la idea suena a contrasentido con los objetivos originales de la herramienta.
El argumento que ha expuesto el Ministerio de Hacienda, para el anuncio del decreto —que por ahora está en borrador para comentarios—, es unificar el tratamiento de retención en la fuente, ya que los pagos digitales no tienen dicho impuesto y las tarjetas plásticas sí.
Los millones que se inscribieron
A octubre de 2025 había 32 millones de colombianos registrados con más de 88 millones de llaves. Probablemente, esa aceptación, que tiene un alto volumen de usuarios actuales y seguramente millones por venir, llevaron al Gobierno a pensar en aprovechar ese escenario para obtener recursos.
Esa, al menos, es la visión de Javier Suárez, presidente de Davivienda, quien fue uno de los participantes en el panel de banqueros que se realizó en el Congreso de Camacol.
Para Suárez, “el sector financiero siempre ha sido el que permite mayor facilitad de recaudo para el Gobierno. Muestra de ello es el 4x1.000. El problema es que el camino no debe ser el de lo fácil, sino el de lo conveniente”.
Tanto el presidente de Davivienda, como el del Banco de Bogotá, César Prado, coincidieron en que el Gobierno tiene una situación fiscal compleja, que tendrá que ser sorteada por el elegido para ocupar la Casa de Nariño a partir de 2026. Pero Prado también estima que la medida puede provocar un alto impacto en las expectativas que se tenían con Bre-B para “ayudar a reducir el efectivo y disminuir la informalidad (el gota a gota)”.
Suárez, en particular, dijo que el anuncio de un impuesto a los pagos a través de Bre-B “es incongruente”.
Tanto Pardo como el presidente de Davivienda pidieron al Ministerio no expedir el decreto.