El Centro de Pensamiento Económico Anif manifestó su respaldo a la Ley de Rescate Económico, la iniciativa de ajuste fiscal presentada por el Gobierno De La Espriella, aunque planteó modificaciones a varias de sus medidas tributarias y laborales.
La entidad hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para construir un consenso que permita avanzar en la reducción del déficit fiscal.
Anif advirtió sobre la situación de las finanzas públicas del país y señaló que, de no aprobarse una ley de ajuste, el déficit fiscal del Gobierno nacional central en 2027 superaría el 9 % del producto interno bruto (PIB), el nivel más alto registrado en la historia de Colombia.
Además, indicó que a partir de 2029 la deuda pública superaría el 70 % del PIB y los compromisos por intereses, pensiones y transferencias al Sistema General de Participaciones serían superiores al recaudo.
Según el centro de pensamiento, ese escenario obligaría a la Nación a recurrir a más endeudamiento para cubrir obligaciones como el pago de nómina y la financiación de la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales.
Anif atribuyó el deterioro fiscal a los desbalances recurrentes, las inflexibilidades presupuestales y los compromisos de gasto adquiridos por administraciones anteriores sin fuentes de ingresos estables.
También mencionó la pérdida de confianza ciudadana frente al manejo de recursos públicos como un factor que dificulta la aprobación de nuevos impuestos.
Frente al contenido de la Ley de Rescate Económico, la entidad consideró que el proyecto plantea un ajuste fiscal cercano al 4,7 % del PIB para 2030, mediante reducciones del gasto público, controles relacionados con la regla fiscal y eliminación de algunos tributos de bajo recaudo.
Sin embargo, cuestionó la distribución del esfuerzo fiscal contemplado en la iniciativa. De acuerdo con sus cálculos, el 35 % del ajuste provendría de menores gastos, mientras que el 54 % correspondería a mayores contribuciones de hogares y empresas.
Para Anif, este balance podría enfrentar dificultades ante la resistencia de los ciudadanos a asumir nuevas cargas tributarias.
Uno de los puntos señalados fue el incremento del IVA. Aunque el proyecto contempla el mecanismo EfectIVA para devolver parte del impuesto a los hogares de menores ingresos, la entidad advirtió sobre sus posibles efectos en los sectores productivos.
Según el comunicado, el 62 % del valor de la canasta gravada con mayores impuestos corresponde a bienes y servicios de consumo intermedio, utilizados como insumos para la producción.
En ese sentido, señaló que si la devolución no funciona según lo previsto y no se establecen medidas para mitigar los efectos en actividades como alojamiento y comidas, ganadería y agricultura, podrían presentarse pérdidas de bienestar para los hogares y los sectores afectados.
La organización también expresó reparos frente al aumento de los costos laborales derivado de la menor deducción de los pagos de parafiscales por parte de los empleadores.
Según sus estimaciones, una empresa tendría sobrecostos mensuales de 315.000 pesos por un trabajador que devengue tres salarios mínimos y de 950.000 pesos por uno que reciba cuatro salarios mínimos.
Otro aspecto que pidió revisar fue el incremento de impuestos a determinados productos de alcohol y cigarrillos. Anif sostuvo que estas medidas deben considerar el contrabando, pues los mayores gravámenes podrían incentivar la comercialización ilegal y reducir el recaudo del sector formal.
Como alternativas, el centro de pensamiento propuso aumentar los recortes del gasto público, incluida una reducción de al menos el 10 % de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control.
También planteó focalizar los subsidios para que lleguen exclusivamente a los hogares de menores ingresos, establecer un impuesto a las pensiones altas y reducir las deducciones a los pagos empresariales en efectivo.
Adicionalmente, sugirió evaluar la venta de activos estatales, entre ellos ISA, para disminuir las necesidades de financiamiento de la Nación y el servicio de la deuda. Aclaró que esta alternativa no reemplaza las fuentes recurrentes de ingresos.
También se propuso desmontar gradualmente el subsidio al ACPM y aplazar la reducción de la tarifa de renta corporativa, a cambio de evitar mayores costos en la nómina empresarial y proteger el empleo.
Finalmente, Anif insistió en que las observaciones al proyecto deben acompañarse de propuestas que permitan compensar los ingresos que se dejarían de recibir si se modifican algunas medidas.