La discusión sobre el incremento salarial para 2027 vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores, la productividad y la capacidad de las empresas para asumir mayores costos laborales.

Salario mínimo 2027: negociación tendrá nuevo representante de la CGT

El debate no se limita al porcentaje de aumento. También involucra factores como la inflación, el costo de la contratación formal, la situación de las pequeñas y medianas empresas, y el impacto que una decisión de este tipo puede tener sobre el empleo y las finanzas públicas.

Negociación del salario mínimo 2027 en un contexto de alta inflación Foto: Fotos Semana: Stock adobe

En ese contexto, SEMANA dialogó con Nicolás Rico, socio de Scola Abogados, quien considera que el incremento debe partir de criterios económicos y técnicos, especialmente de la inflación causada y la productividad.

A su juicio, un aumento que no tenga en cuenta la capacidad real de las empresas podría terminar profundizando uno de los principales problemas del mercado laboral colombiano: la informalidad.

SEMANA: ¿Cuál debería ser el criterio económico determinante para definir el salario mínimo de 2027? ¿Qué peso deberían tener la inflación, la productividad y el concepto de salario vital?

Nicolás Rico (N. R.): El criterio determinante debería ser la inflación causada más la productividad, teniendo en cuenta el nivel del salario mínimo frente al salario mediano como un límite de prudencia.

La inflación debe funcionar como un piso obligatorio. De hecho, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-815 de 1999, estableció que el Gobierno no puede decretar un aumento inferior a la inflación. En octubre de 2026, la inflación anual llegó al 6,30 %, el nivel más alto desde julio de 2024, por lo que ese piso será exigente para la negociación.

La productividad es el segundo componente, pero es importante que las partes acuerden previamente cuál indicador van a utilizar, porque la elección cambia el resultado. Para 2026, la productividad total de los factores fue de 0,91 %, la productividad por hora de 0,57 % y la productividad por persona ocupada registró una variación negativa de 0,32 %.

En cuanto al salario vital, la experiencia de Suiza demuestra que puede ser un criterio válido, pero allí existe una base legal y una metodología pública. En Colombia, el Consejo de Estado lo cuestionó en 2026 porque no está contemplado entre los criterios del artículo 8 de la Ley 278. Mientras no exista una incorporación legal, no debería tener un peso autónomo en la decisión.

SEMANA: Después del significativo incremento salarial de 2026, ¿qué lecciones puede extraer Colombia sobre sus efectos reales en el empleo, la inflación y el poder adquisitivo? ¿Hay evidencia suficiente para establecer si el aumento produjo más beneficios que costos?

N. R.: La principal lección es que debemos actuar con cautela. La evidencia muestra que un aumento porcentual muy alto por encima de la inflación puede generar efectos adversos para el país y su economía, aunque estos no necesariamente se manifiesten de manera inmediata.

Si bien Colombia absorbió el ajuste de 2026 sin una destrucción evidente del empleo formal ni un incremento significativo de la informalidad, eso no significa que no existan consecuencias que puedan aparecer durante el próximo año.

Por ejemplo, según cifras de Anif, los trabajadores formales que ganan exactamente un salario mínimo pasaron de 3,3 a 3,6 millones. Sin embargo, ese crecimiento se explica por una mayor concentración de trabajadores en el piso salarial y no necesariamente por la generación de nuevos puestos de trabajo formal.

Además, la proporción de nuevos empleos que pagan más de un salario mínimo cayó del 18,1 % en 2024 al 10 % en 2026. De los 578.000 ocupados adicionales registrados a julio, 413.000 eran trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo particular solamente creció en 39.000.

Es cierto que quienes conservaron su empleo formal obtuvieron una ganancia en términos de ingreso real. Sin embargo, Corficolombiana atribuye al reajuste del 23 % cerca de 63 puntos básicos de la aceleración de la inflación. A esto se suma que los trabajadores informales que ganan menos de un salario mínimo aumentaron en 434.000 durante el primer semestre.

Por eso, todavía no podemos afirmar que los beneficios hayan superado los costos. Colombia necesita una evaluación posterior obligatoria de cada incremento, como sucede en el Reino Unido y Ginebra. Actualmente, buena parte de las conclusiones provienen de proyecciones y estudios privados que pueden llegar a resultados diferentes.

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendría para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, un incremento del salario mínimo muy superior al crecimiento de la productividad?

N. R.: Los riesgos son concretos y están respaldados por investigaciones económicas. El primero es una menor contratación formal. El Banco de la República ha estimado que cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo se asocia con alrededor de 46.000 empleos formales menos al año, especialmente en empresas de 20 trabajadores o menos.

El segundo riesgo es el aumento de la informalidad. Cuando se encarece cada vez más la contratación formal, las empresas tienen menos incentivos y capacidad para vincular trabajadores bajo contratos laborales. Esto termina ampliando la brecha entre quienes están dentro del empleo formal y quienes no logran acceder a él.

El tercer efecto está relacionado con los precios. Según estimaciones del Banco de la República, cada punto de aumento del salario mínimo puede elevar la inflación entre 0,10 y 0,14 puntos porcentuales.

La discusión sobre el salario mínimo de 2027 reúne al Gobierno, los empresarios y las centrales obreras en torno al porcentaje de ajuste para el próximo año. Foto: IA

Hay que entender, además, que el costo para las empresas no corresponde únicamente al salario que recibe el trabajador. Los gremios estiman que el costo laboral total puede representar entre 1,55 y 1,65 veces el salario, cuando se incluyen las obligaciones y prestaciones asociadas a la contratación.

A esto se suma que el índice de Kaitz, que compara el salario mínimo con el salario mediano, se encuentra cerca de 0,90. Esto significa que el mínimo está muy próximo al salario típico de la economía y deja poco margen para las empresas pequeñas que tienen niveles de productividad más bajos. De hecho, el 44,4 % de las empresas reportó que el aumento representaba más del 15 % de su presupuesto de nómina para 2026.

SEMANA: ¿Cómo se explica que un aumento del salario mínimo, pensado para mejorar las condiciones de los trabajadores, pueda terminar afectándolos? ¿Qué sectores y grupos serían los más vulnerables?

N. R.: El problema es que el salario mínimo protege principalmente a quienes ya tienen un empleo formal. Cuando el incremento supera lo que la productividad permite pagar, mejora los ingresos de quienes están dentro del mercado laboral formal, pero al mismo tiempo puede cerrarles la puerta a quienes buscan ingresar.

El resultado es un mercado laboral cada vez más dividido entre trabajadores formales e informales. Los primeros reciben los beneficios del ajuste, mientras que los segundos pueden enfrentar mayores dificultades para conseguir un contrato laboral.

Entre los grupos más vulnerables están los jóvenes, las personas con menor nivel de calificación y los trabajadores de las zonas rurales. También hay sectores especialmente expuestos, como el comercio, el agro, el alojamiento y los servicios de comida, que son intensivos en mano de obra y concentran una proporción importante de trabajadores que reciben el salario mínimo.

El comportamiento de la economía durante 2026 también muestra algunos desequilibrios. Cerca de la mitad del crecimiento del PIB provino de la administración pública, la educación y la salud, mientras que el sector agropecuario cayó 2,1 %. Además, uno de cada seis nuevos empleos del último año fue estatal.

Esto demuestra que no basta con aumentar los ingresos de quienes ya tienen un contrato formal. También hay que preguntarse qué está pasando con quienes todavía no logran acceder a ese tipo de empleo.

SEMANA: ¿Cuál sería una fórmula económicamente sostenible para aumentar el salario mínimo en 2027 y qué medidas complementarias debería adoptar el Gobierno?

N. R.: La fórmula debería ser inflación causada más productividad acordada, teniendo en cuenta todos los costos laborales asociados al contrato de trabajo. Cualquier componente real adicional tendría que ser moderado y estar debidamente justificado.

Con los datos disponibles, esa fórmula apuntaría a un incremento de un solo dígito. Actualmente, las posiciones de la mesa están bastante distanciadas: la CUT plantea un aumento del 38,5 %, mientras que Corficolombiana estima un 8 %, a partir de una inflación esperada del 6,8 % y una productividad del 1,2 %. Por su parte, los gremios proponen un rango entre el 8,5 % y el 9,5 %.

También hay que considerar el impacto fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que los incrementos elevados podrían aumentar el déficit en cerca de 8 billones de pesos anuales a partir de 2027.

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Más allá del porcentaje, Colombia necesita mejorar la metodología con la que toma esta decisión. Hay varias medidas que podrían contribuir a ello: publicar antes de cada negociación un informe técnico con escenarios de empleo, informalidad, costos para las mipymes, efectos regionales e impacto fiscal, como lo hace Nueva Zelanda; divulgar el índice de Kaitz junto con cada decisión y evaluar por ley los resultados de cada aumento.

También es necesario reducir los costos de formalización, facilitar el acceso al crédito y simplificar los trámites para las mipymes, en lugar de establecer salarios mínimos regionales. Otra alternativa sería explorar un salario mínimo por hora que facilite la formalización del trabajo de tiempo parcial.

Finalmente, debemos avanzar en la desindexación de la economía, empezando por el tope de la vivienda de interés social, que todavía está fijado en 135 salarios mínimos.

SEMANA: ¿Cuál es el principal riesgo que debería evitar Colombia en esta negociación?

N. R.: El mayor riesgo es tomar una decisión sin suficiente sustento técnico. Un incremento salarial debe mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también debe ser sostenible para las empresas y para las finanzas públicas.

Si se desconoce la productividad y se incrementa el costo de la contratación formal de manera desproporcionada, el país puede terminar profundizando la informalidad, que a final de cuentas es uno de los problemas estructurales más graves del mercado laboral colombiano.