Las protestas parecen intensificarse en época preelectoral. A diario se reportan bloqueos en distintos puntos del país: mientras una situación se supera, surge otra. Eso es lo que ocurre ahora. Tras el levantamiento de los bloqueos que impedían la operación de Cerrejón, la mina de carbón ubicada en La Guajira, la atención se traslada a Puerto Gaitán, un punto clave para la industria extractiva.
Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), en este caso el panorama es preocupante, pues las afectaciones impactan la movilidad, el empleo y los recursos destinados al desarrollo regional.
De acuerdo con las denuncias de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), gremio que dirige Frank Pearl, las restricciones a la movilidad ocasionadas por los bloqueos han obligado a suspender parte de la producción de petróleo, lo que genera pérdidas superiores a $500 millones diarios en regalías para la región y el país.
Un sector golpeado
El sector de la industria extractiva ha sido uno de los más golpeados en los últimos años. El Gobierno impulsó una política de transición energética basada en fuentes renovables, que contempla una reducción progresiva de la dependencia de los hidrocarburos. En ese contexto, se suspendió la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.
A ello se sumaron cargas tributarias adicionales frente a otros sectores de la economía. Por eso, las afectaciones derivadas de los bloqueos representan ahora un nuevo golpe para la actividad del sector.
Es así como la ACP hizo un llamado a encontrar soluciones “dentro de la institucionalidad y el respeto por los derechos de todos los sectores y ciudadanos”.
Esto, debido a que los bloqueos, realizados por transportadores de material pétreo, obedecen a una petición de cambios en las tarifas.
Más de 3 semanas
Las protestas comenzaron el 11 de mayo y se concentran en el peaje El Yucao, sobre la vía nacional que comunica a Puerto Gaitán con Puerto López, un corredor estratégico para la conectividad entre Meta y Vichada, según informó la ACP.
“Lo que se está afectando es la circulación de personas, bienes y servicios, así como el desarrollo de actividades productivas fundamentales para la economía regional”, argumentó el gremio.
Se les sale de las manos
De acuerdo con las denuncias de la agremiación de empresas del sector, la situación también ha impactado a trabajadores, comerciantes, comunidades y empresas que dependen de este corredor para desarrollar sus actividades diarias.
Lo más complejo, según afirma la ACP, es que las empresas operadoras del sector de hidrocarburos no están facultadas para definir, coordinar o acordar tarifas de mercado, ya que ello constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia, sancionada por la legislación colombiana.
“La controversia es económica y específica, pero sus efectos trascienden a los actores directamente involucrados. Las restricciones están afectando la actividad económica de la región, el acceso al trabajo y la continuidad de operaciones que generan empleo, inversión y recursos para el desarrollo territorial”, advierte el gremio que dirige Frank Pearl.
En consecuencia, “entre el 24 y el 27 de mayo se registró una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo por día. Esto representa una reducción superior a $500 millones diarios en regalías para el municipio, el departamento y la Nación, recursos que contribuyen a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional”, manifestó la ACP.
Una menor producción, en un contexto de altos precios del petróleo, no es un escenario eficiente. Por ello, la búsqueda de alternativas que permitan avanzar hacia soluciones dentro del marco institucional y legal sería lo ideal, señaló el gremio.
¿Por qué suben bloqueos en elecciones?
Algunos estudios señalan que los bloqueos y las protestas tienden a intensificarse en épocas preelectorales, debido a que distintos actores aprovechan la mayor sensibilidad política del Gobierno y de los candidatos para ejercer presión, con la expectativa de encontrar una mayor receptividad a sus demandas, en un contexto en el que el Estado busca preservar el orden público.